La crónica roja de la Población San Joaquín

martes, 27 de noviembre de 2012

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Cada lugar tiene su propia historia: historias luminosas, otras difíciles y algunas profundamente trágicas. La población San Joaquín no ha estado ajena a esos episodios que marcan para siempre la memoria colectiva. En sus 52 años de existencia, nuestro territorio ha sido escenario de luchas, de organización comunitaria y también de hechos dolorosos que dejaron huellas imborrables en sus familias y vecinos.

Entre esos acontecimientos que estremecieron a la comunidad, se encuentra el caso de Pía Lorena Urra Carriaga, estudiante del Liceo Francés, cuya vida fue arrebatada de manera brutal. Su secuestro y posterior asesinato, perpetrado por un vecino, conmocionaron no solo a su familia y amistades, sino también a toda la población, que hasta entonces se percibía como un espacio de cercanía y confianza.

¿Qué pasó ese día?

La adolescente, como todas las mañanas, se dirigió a su establecimiento educacional ubicado en Vergara Nº 341. Además, llevaba el dinero para pagar la mensualidad.

Alrededor del mediodía, un hombre llamó por teléfono al liceo, identificándose como vecino, y entregó el siguiente mensaje a la directora: los padres de Pía habrían sufrido un asalto en el bazar.

Posteriormente, la profesora fue a buscar a la estudiante a su sala y le dio permiso para retirarse. Esa fue la última vez que se observó a Pía caminando por calle Vergara hacia la Alameda, donde se pierde su rastro.

Durante la tarde, los padres comenzaron a inquietarse al ver que su hija no llegaba a la hora de costumbre. Aproximadamente a las 17:15 horas recibieron una llamada anónima en la que les informaban que su hija estaba secuestrada y que se requerían $150.000 pesos para su rescate, dando un plazo de media hora para la entrega del dinero.

Ante esta situación, comenzó a correr la voz en la población sobre el secuestro de Pía. Los vecinos la buscaron infructuosamente por cuadras y sitios eriazos; se colocaron retratos en distintos lugares y se acudió a algunos matutinos donde se publicó su fotografía, pero la búsqueda no daba resultados.

Ese mismo día, los padres recibieron otra llamada en la cual les indicaban dónde debían dejar el dinero. La voz anónima señaló que debían dirigirse al paradero de las micros Matadero Palma (cerca de su domicilio). Además, advirtió que no avisaran a nadie, de lo contrario mataría a la estudiante.

Durante la tarde, el asesino se acercó a la casa de los padres, argumentando que desde un automóvil habían dejado un mensaje escrito.

Este mensaje fue clave para que la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones comenzara a sospechar de un vecino.

Fueron pasando los días y la estudiante no aparecía, pero el supuesto secuestrador seguía insistiendo con el dinero. Llamó nuevamente a la familia señalando que les daba la última oportunidad para entregar la suma exigida, esta vez debajo de unos tambores ubicados en la calle San Joaquín y sin presencia de carabineros, como había ocurrido anteriormente.

La brigada comenzó a sospechar de un vecino cercano, quien apoyaba activamente a la familia en la búsqueda. Tras largas horas de interrogatorio, S.P. confesó:

“No la busquen más, porque Pía no está… No va a estar más… Está muerta… ¡Yo la maté y la enterré en mi casa!”

¿Qué hizo es día S.P.?

El asesino planificó todo con frialdad. Realizó la llamada telefónica y posteriormente fue a buscar a la estudiante al paradero, engañándola con el argumento de que la acompañaría por encargo de su familia. Luego le pidió que lo acompañara a su nueva casa, en Estación Central, para buscar un álbum fotográfico.

La joven accedió, pues era un conocido cercano de la familia y le tenía confianza.

Llegaron a la vivienda ubicada en Teniente Bello Nº 1578, población Los Nogales. Con el paso de los minutos, la adolescente comenzó a inquietarse; pronto esa inquietud se transformó en temor, lo que alteró a S.P., quien reaccionó violentamente y la estranguló cuando el reloj marcaba las 14:30 horas del mismo día del secuestro.

Posteriormente, introdujo el cuerpo en un saco papero, amarró la parte superior y lo dejó detrás de la puerta de entrada de su casa, donde permaneció hasta el día siguiente.

Durante la tarde-noche llegó su esposa, parvularia y embarazada de siete meses y medio, quien no prestó mayor atención al saco. A la mañana siguiente, después de dejarla en el paradero como de costumbre, regresó a la vivienda y excavó un hoyo poco profundo, donde enterró a la muchacha.

Lugar dónde fue enterrada Pia Urra Carriaga.

¿Cuál fue el motivo del alevoso crimen?

S.P. se había casado recientemente y su esposa estaba embarazada. Además, se encontraba cesante y hacía poco se habían cambiado de casa, por lo que necesitaba dinero. Sabía que la familia Urra Carriaga era comerciante y que Pía era hija única, por lo que pensó que su plan daría resultado.

¿ Cómo reacciono la población?

Con rabia, violencia y exigiendo la pena de muerte para el asesino. Fueron muchos días de búsqueda por parte de los vecinos y la familia era muy cercana en la población, por lo que la ira hacia S.P. era incontenible.

Los pobladores se preguntaban:

“¿Cómo pudo fingir tantos días? ¿Cómo fue tan cínico que, luego de matar a la niña, se acercara a los padres diciendo que era su amigo? Debían matarlo de inmediato, antes de que la gente comenzara a tener compasión de él o dijeran que estaba loco”.

Eran distintas opiniones que se escuchaban. Incluso su propia madre, antes de saber que su hijo era el asesino, también exigía la pena de muerte.

¿Su despedida y el doloroso adiós a Pía Lorena ?

Los funerales de Pía Urra Carriaga se realizaron en la Parroquia San Mateo. Hasta allí llegaron cientos de personas: pobladores, familiares, profesores y compañeros del Liceo Francés, donde Pía cursaba cuarto medio.

En la iglesia se concentró una multitud de estudiantes y adultos que quisieron solidarizar con la familia, entregando testimonios y muestras de afecto. La emoción estuvo siempre presente; numerosas personas derramaron lágrimas frente al ataúd de acero que contenía los restos de la joven de apenas 17 años.

Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al Parque del Recuerdo.

¿Qué pasó con S.P. ?

El sujeto, de 23 años, fue detenido e incomunicado por la Brigada de Delitos Sexuales, que logró vincularlo al caso, entre otros antecedentes, por la falta de ortografía en el mensaje donde escribió “San juaquín”. Fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago y condenado a cadena perpetua.

En cuanto a la familia Urra Carriaga, nunca superó la muerte de su hija. Tras este hecho horroroso decidieron vender la casa y, desde entonces, su paradero es desconocido.

Manifestamos que omitimos fotografías, nombre completo y dirección de S.P. para no reabrir heridas profundas en una familia que continúa siendo parte de nuestra comunidad.

Durante esa década ocurrió otro hecho cercano al domicilio de Pía que causó rechazo en la población: el asesinato de la pascuense Mariana Beriberi.

De este caso se sabe poco. Los vecinos relatan que la mujer habría sido asesinada por su sobrino y que el móvil fue robo.

¿Por qué se conoce poco de ella?

Según testimonios de los pobladores, Mariana trabajaba por turnos en el Hospital Militar como paramédico, por lo que se le veía escasamente en la población. Además, llevaba poco tiempo residiendo en la villa San Joaquín, por lo que no se conocieron mayores detalles de su vida, salvo que era de origen Rapa Nui y se desempeñaba en el área de la salud.

Toda la información y fotografías queda a libre disposición, siempre que se mencione su fuente.”

Extracto del libro y Radio Teatro Voces con Historia de la Población San Joaquín,

realizado por Radio 1º de Mayo

Fuentes:

Leopoldo Sarmiento

Sra. Carmen Retamal

Fotos diarios locales

Macarena Vinnett

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Década de los 80 población San Joaquìn

jueves, 8 de noviembre de 2012

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La década de los 80 en la población San Joaquín

Dentro de este proceso de investigación de la población San Joaquín, nos introduciremos en un período que marcó a una nueva generación en los ámbitos cultural, social y político, los cuales fueron progresando tanto cuantitativa como cualitativamente. La idea es indagar en los hechos acontecidos, en los que un sinnúmero de pobladores fueron protagonistas directos de las transformaciones y resistencias que caracterizaron aquellos años.

En el marco económico, esta década sufrió una de las mayores crisis del país. La inflación bordeaba el 30 % anual debido, entre otras causas, al aumento de las importaciones por sobre las exportaciones y a la implementación del modelo económico neoliberal. Esta situación llevó a Chile a solicitar financiamiento externo al Banco Mundial, donde las tasas de interés aumentaban aceleradamente, incrementando aún más la deuda externa. A ello se sumó la devolución y privatización de más de 500 empresas que habían sido nacionalizadas durante el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, profundizando así las desigualdades sociales y económicas.

En la población San Joaquín, las consecuencias de esta crisis se hicieron visibles en el aumento del desempleo, la precarización laboral y la expansión de la pobreza. Muchas familias debieron recurrir a ollas comunes, comedores solidarios y redes de apoyo comunitario para enfrentar la falta de alimentos y recursos básicos. Las organizaciones vecinales, juntas de vecinos, centros juveniles y comunidades cristianas de base cumplieron un rol fundamental en la articulación de la solidaridad y la defensa de la dignidad de los pobladores.

Paralelamente, durante los años ochenta se fortalecieron las expresiones culturales y de resistencia. Talleres de teatro, grupos musicales, murales y actividades deportivas surgieron como espacios de encuentro, identidad y denuncia frente a la represión política. La juventud pobladora comenzó a desempeñar un papel protagónico en jornadas de protesta nacional, caceroleos, barricadas y manifestaciones que buscaban poner fin a la dictadura y recuperar la democracia.

El Producto Interno Bruto disminuyó en un 14,3 %, el desempleo alcanzó el 23,7 % y se sumó la devaluación del peso en un 18 %. Por consiguiente, surgió un gran descontento social, ya que el nivel de cesantía se elevaba diariamente, razón por la cual comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones de protesta contra la dictadura.
En cuanto a lo político, la población nunca estuvo ajena a esta realidad. Cabe destacar que, en la década de los años setenta, diferentes partidos políticos se manifestaron, como el MAPU, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, militantes del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, teniendo una destacada participación al interior de la población, a pesar de que existía otra correlación de fuerzas con mayor tendencia hacia la derecha. Sin embargo, en este período (los años ochenta) se rearticularon algunos partidos políticos y organizaciones de carácter más revolucionario, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En el ámbito cultural, la población San Joaquín constituyó un hito, ya que, a través del arte y la cultura, los jóvenes comenzaron a generar conciencia al interior de la comunidad. Un gran aporte al movimiento social y cultural fue la Comunidad Cristiana de la Parroquia San Mateo, que abrió sus puertas a quienes mantenían un pensamiento cristiano crítico frente al régimen dictatorial. Cabe resaltar que, dentro de esta década, ocurrió un hecho policial que enlutó a toda la población y que daremos a conocer a través de este blog.

Las primeras protestas sociales, a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, marcaron el inicio de una nueva etapa política en el país. Los familiares de detenidos desaparecidos, con el apoyo de la Iglesia mediante el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Pro Paz), cuya misión era prestar apoyo legal y social a las víctimas de violaciones de derechos humanos, posteriormente darían paso a la Vicaría de la Solidaridad. Otro movimiento ligado a la Iglesia fue el Movimiento Sebastián Acevedo, compuesto por religiosos, grupos de personas católicas con compromiso social y organismos internacionales de derechos humanos, quienes se atrevieron a denunciar a la dictadura perdiendo el temor.

La primera protesta nacional contra la dictadura fue convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre el 11 de mayo de 1983, dando origen a las posteriores jornadas de movilización que se extendieron hasta 1986. Este llamado no estaba firmado por ningún convocante; solo incluía el dibujo de un puño en alto y la letra R de “resistencia”.

La población San Joaquín, aquella mañana, amaneció cubierta de panfletos elaborados de forma muy artesanal con mimeógrafo de tinta; incluso algunos fueron escritos a puño y letra. La única consigna que aparecía decía: “Ha llegado la hora de pararse y decir basta ya”, convocando a sacar las cacerolas a las 20:00 horas.
Ese mismo día, soldados fuertemente armados que tenían casetas de vigilancia en la calle 1 Oriente, cuyo objetivo era resguardar a militares y a sus familias que vivían dentro de ese perímetro, se encargaron de recoger los volantes de las calles de la población.

Durante el día corrió la voz de que en la noche no habría locomoción colectiva; por tanto, había que retornar temprano a las casas. Sin embargo, la locomoción se mantuvo, quizás en menor cantidad, pero los pobladores no dejaron de llegar a sus domicilios, porque ya se habían instalado los colectivos.

En este primer llamado, la población no tuvo una mayor convocatoria; por tanto, las personas que salieron a protestar caminaron hacia la población continua, La Victoria, encontrándose con un ambiente más organizado en todo sentido. Un factor que contribuyó a las pequeñas acciones fueron las zanjas realizadas por ellos mismos, ya que las calles, en su mayoría, no estaban pavimentadas, lo que permitía parapetarse y, de esta manera, apedrear a carabineros que realizaban continuas vigilancias por ambas poblaciones.

La dictadura, ante esta sublevación, respondió con una fuerte represión, llevando a cabo allanamientos masivos en La Victoria, La Castrina, Joao Goulart y Yungay. Más de 5.000 hombres fueron sacados violentamente de sus casas, todos mayores de 14 años, y llevados a sitios eriazos o canchas. Una vez identificados, los marcaban con un timbre de tinta roja en la mano; en cambio, las mujeres debían quedarse junto a sus hijos menores en sus casas.

La población San Joaquín no estuvo ajena a estos allanamientos. Quizás no fueron masivos, pero sí selectivos. No olvidemos que dentro de la población existía una cantidad no determinada de funcionarios policiales e incluso, frente a la Tenencia Belén, había una comunidad entera de carabineros; por tanto, la delación hacia dirigentes y jóvenes comprometidos era fácilmente identificable.
Los allanamientos dirigidos a vecinos al interior de la población se realizaron en las calles 1 Oriente, Pedro Luna, Simón González, Subercaseaux y calle Belén. Estos procedimientos se llevaron a cabo en 16 poblaciones entre el 29 de abril y el 8 de mayo de 1986. La intención de la dictadura era imponer una sensación de terror y demostrar que con el poder no se jugaba.

Sin embargo, a partir de esta fecha comenzó un sinnúmero de protestas cada vez más masivas, que fueron en ascenso, donde las detenciones, muertes y relegaciones se volvieron progresivamente más violentas, hasta llegar a los días 2 y 3 de julio de 1986.

¿Qué pasó ese día en la población?

Desde muy temprano el ambiente se sintió tenso. Había numerosos panfletos y murales con consignas que llamaban a manifestarse, esta vez firmados por el MIR y el FPMR. Muchas dueñas de casa decidieron no enviar a sus hijos a clases en la Escuela 30, el jardín infantil Rayito de Luz y la Escuela 82, ubicada en la calle 1 Oriente, ante el temor de que se produjeran disturbios durante la jornada.

Por otro lado, los vecinos comenzaron a comprar víveres y velas durante la mañana. Entre los pobladores se comentaba que era necesario regresar temprano a casa, ya que, a raíz de las últimas protestas, la locomoción colectiva era escasa y muchos trabajadores debían devolverse caminando desde sus lugares de trabajo.

Al llegar la noche comenzaron los primeros cadenazos, realizados por un grupo de jóvenes con pasamontañas, lo que provocó un corte de luz en el sector de Pedro Luna. A medida que avanzaban las horas, la oscuridad se volvió total. Posteriormente aparecieron tímidamente fogatas en Carlos Valdovinos, interrumpiendo el tránsito hacia Cerrillos. Lo mismo ocurrió en las calles 2 de Abril, Simón González, Marinero Caro y Avenida La Feria. A lo lejos se divisaba humo en distintos puntos de la población La Victoria, señal de que la protesta se extendía por todo el sector.

Pasadas las 20:00 horas comenzaron a escucharse los primeros cacerolazos. Con el correr de los minutos estos aumentaron en intensidad y algunas personas salieron con cautela a los balcones de los departamentos y al frontis de sus casas, aunque eran los menos. En cambio, un grupo de pobladores inició una marcha desde el interior de la población, recorriendo Subercaseaux, Carlos Valdovinos y Avenida La Feria hasta llegar a Departamental, donde se unieron a otras columnas provenientes de sectores cercanos a La Victoria.

Cerca de las 22:00 horas ya casi no se observaban vecinos en la población San Joaquín. Solo algunos jóvenes más osados corrían en dirección a La Victoria. Lo más impactante fue la presencia de tanquetas recorriendo las calles y de militares con el rostro pintado, al más puro estilo comando, evidenciando el clima de militarización y control.

Una situación similar se había vivido el 11 de agosto de 1983, cuando el dictador ordenó desplegar a 18.000 hombres armados en las calles e impuso toque de queda desde las 24:00 hasta las 05:00 horas de la madrugada. En ese contexto se aplicaron la Ley de Seguridad del Estado —artículo 24 transitorio— y posteriormente la Ley Antiterrorista aprobada en mayo de 1984. El miedo se extendió por la población, ya que los militares disparaban ráfagas sin dirección y vehículos sin patente transitaban efectuando disparos al aire. El objetivo era sembrar terror para impedir la protesta social, razón por la cual, cerca de las 22:00 horas, ya no se veían transeúntes en las calles.
La protesta social de aquellos años constituyó una expresión sin precedentes de descontento generalizado. La consigna de la oposición resumía las demandas populares: Pan, Justicia, Trabajo y Libertad. Entre 1983 y 1986 se realizaron quince jornadas de protesta nacional, dos de ellas de carácter de paro general. Los verdaderos protagonistas de estas movilizaciones fueron las mujeres, los pobladores, los trabajadores sindicalizados y los estudiantes universitarios y secundarios, quienes, pese a la represión, mantuvieron viva la resistencia y la organización social.

Las relegaciones fueron otro instrumento usado por la dictadura para desarticular el movimiento social que iba en alza. Ya en el año 1984 serían relegadas a las zonas más extremas de Chile importantes personas que trabajaban en el área de los derechos humanos, como Juan Restelli, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Arica, quien fue enviado a la isla de Chiloé.

En 1985, las relegaciones serían más masivas, no tan solo dirigidas a personas connotadas en lo político o religioso, sino también a dirigentes sindicales, sociales y estudiantiles. Nuestra población no estuvo distante de esta realidad: vecinos de apellidos Leal, Aravena, Campos y Bustamante fueron destinados a regiones del norte y sur del país.

En el caso del señor Carlos Bustamante, dirigente poblacional, fue amenazado por la Asociación Chilena Anticomunista (ACHA), aparato de ultraderecha colaborador de la dictadura. Bustamante relata que una noche llegaron agentes de seguridad a la casa donde residían sus suegros y su familia; tocaron la puerta fuertemente, identificándose como Investigaciones. Luego allanaron la vivienda y posteriormente lo detuvieron. Inmediatamente fue trasladado a un lugar desconocido para, consecutivamente, enviarlo a Sierra Gorda, en el norte del país, donde estuvo tres meses, tiempo que duraba el período de relegación.

Él cuenta que llegó a un lugar inhóspito, donde solo quedaban ruinas de lo que fueron oficinas salitreras. En el pueblo había pocos habitantes, siendo la mayoría familias de origen étnico. El único retén del lugar estaba situado en el kilómetro 46 de la ruta B-25, que une Antofagasta con Calama, cuya misión era patrullar la carretera. Hasta allí él llegaba una vez al día a firmar.

Bustamante indica que el día pasaba lentamente y las noches eran muy frías. No había muchos locales donde adquirir alimentos, cigarros y útiles básicos de aseo; tampoco había teléfonos públicos. El único existente era el del retén y, según la disposición del carabinero de turno, existía la posibilidad de llamar a la familia. Por ende, la preocupación hacia ellos era de suma importancia para los relegados. La solidaridad siempre estuvo presente a través del Partido Comunista, la Iglesia y vecinos del sector, quienes se reunían para gestionar actividades en ayuda de los relegados. Era difícil comunicarse con la familia, pero siempre había forma de hacerlo.

Sin embargo, esta estrategia aplicada por la dictadura no funcionó por mucho tiempo. Poco después se dieron cuenta de que los desplazados estaban siendo bien acogidos por los residentes. Además, entre los prisioneros y los habitantes de Sierra Gorda se fue entrelazando un grado de confianza: los relegados daban a conocer su situación personal y también la realidad del país, explicando que lo que realizaba el régimen autoritario de Pinochet no era normal. Incluso, en esas comunas tan alejadas de la capital comenzaron a aparecer rayados contra la dictadura.

Después de haber concluido su relegación, Bustamante volvió a la población, retomando sus actividades como dirigente poblacional y opositor a la dictadura militar.

Atentado en la Poblacion San Joaquín
Dentro de este período se produjo un hecho significativo. En 1988, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez atentó con un cohete LAW contra la tenencia Carlos Valdovinos, ubicada en calle Belén Nº 3435, en la entonces comuna de San Miguel, muy cercana a la Población San Joaquín.

Todo ocurrió la noche de un martes, alrededor de las 21:00 horas, cuando los vecinos escucharon una fuerte explosión y observaron que desde la calle Bucalemu (que da a la parte trasera del cuartel) sobrevolaba una llamarada de fuego que finalmente impactó en las líneas telefónicas y en el alumbrado público del sector. El estruendo generó pánico entre los pobladores, quienes rápidamente salieron de sus casas para averiguar lo sucedido, en medio de la oscuridad y la confusión provocadas por el corte de luz.

El objetivo político-militar era atacar directamente la tenencia, emplazada en un área relativamente despejada de viviendas, lo que teóricamente facilitaba un impacto preciso. Sin embargo, dicho propósito no se concretó, ya que el cohete explotó antes de alcanzar su blanco. Aun así, el hecho evidenció el nivel de confrontación existente en los últimos años de la dictadura y la presencia de acciones armadas en sectores populares de la capital.

En ese momento, una familia que se encontraba en el exterior de su domicilio, ubicado en calle Tartini, resultó directamente afectada por la caída de esquirlas del proyectil. Afortunadamente, según el parte médico posterior, las lesiones sufridas no fueron de mayor gravedad, aunque el impacto emocional y el temor permanecieron por largo tiempo entre los habitantes del sector.

Tras el ataque, la policía montó un rápido operativo de búsqueda que incluyó allanamientos y patrullajes intensivos. Se registraron algunos tiroteos en el interior de las poblaciones La Victoria y San Joaquín, y un número no precisado de personas fue detenido bajo sospecha de participación o colaboración. Estos procedimientos aumentaron la tensión en la zona y reforzaron la presencia policial durante los días siguientes.

Cabe resaltar que esta fue la segunda ocasión en que se atentó contra la Tenencia Carlos Valdovinos. Como consecuencia, posteriormente se amplió su dotación de funcionarios y se reforzaron las medidas de seguridad del recinto, reflejando el clima de conflictividad política y social que caracterizó el final de la década de 1980 en Chile.

Otro atentado se produjo en el mes de Septiembre, esta vez seria una carga con amongelatina que se ubico en un poste de alumbrado público en la calle Carlos Valdovinos con lo Valledor, hasta ese lugar llegaron dos personas que adosaron un paquete al poste que posteriormente detonó, causando serios daños y originando un apagón parcial de energía eléctrica en el sector.

Otro caso similar ocurrió en Quirihue con Armando Lira. Esta explosión causó mucho susto por el fuerte ruido que ocasionó la carga explosiva. Afortunadamente, en ambos casos no hubo víctimas fatales en la población San Joaquín, solo expectación ante el hecho.

Durante este proceso de sublevación se originaron varios atentados más, entre ellos la colocación de un artefacto explosivo en las cortinas metálicas del local ubicado en lo que actualmente es el supermercado ERBI. Esta situación se produjo a raíz de que el dueño del establecimiento comercial golpeó a una joven mujer por tener diferencias políticas con él, ya que se manifestaba abiertamente como fiel seguidor del régimen dictatorial. Otro atentado fue un incendio contra la garita de las micros Matadero Palma.

Hubo un hecho que marcó un precedente en la población: el más osado fue cuando un grupo de milicianos atacó con una subametralladora las casetas de militares que estaban apostadas en la calle 1 Oriente. Estos dispararon desde la calle Mariquina en dirección al poniente y, ante el factor sorpresa, los conscriptos no tuvieron capacidad de respuesta inmediata.

Dentro de este capítulo se relatan diferentes historias anecdóticas. En una de las tantas marchas opositoras al régimen dictatorial, un grupo de compañeros detectó a una persona desconocida con una chaqueta de gamulán (abrigo grueso con chiporro). Comenzó a correr la voz de que era un agente infiltrado y, ante ello, los pobladores le dieron una gran paliza. Sin embargo, este supuesto “sapo” resultó ser un poblador más que participaba de la marcha.

Otro poblador sufrió la ira de Carabineros. En un día de protesta nacional, en la población se levantaron barricadas y al ver esto, la fuerza pública actuó deteniendo a un joven que arrancó por los edificios, ingresando a uno hasta un quinto piso. Desgraciadamente para él, fue delatado por un oficial que vivía ahí. Hasta ese piso subió el contingente y, una vez detenido, procedieron a golpearlo, obligándolo a gritar: “¡Vivan los Carabineros de Chile!”.