La década de los 80 en la población San Joaquín
Dentro de este proceso de investigación de la población San
Joaquín, nos introduciremos en un período que marcó a una nueva generación en
los ámbitos cultural, social y político, los cuales fueron progresando tanto
cuantitativa como cualitativamente. La idea es indagar en los hechos
acontecidos, en los que un sinnúmero de pobladores fueron protagonistas
directos de las transformaciones y resistencias que caracterizaron aquellos
años.
En el marco económico, esta década sufrió una de las mayores
crisis del país. La inflación bordeaba el 30 % anual debido, entre otras
causas, al aumento de las importaciones por sobre las exportaciones y a la
implementación del modelo económico neoliberal. Esta situación llevó a Chile a
solicitar financiamiento externo al Banco Mundial, donde las tasas de interés
aumentaban aceleradamente, incrementando aún más la deuda externa. A ello se
sumó la devolución y privatización de más de 500 empresas que habían sido
nacionalizadas durante el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador
Allende, profundizando así las desigualdades sociales y económicas.
En la población San Joaquín, las consecuencias de esta crisis se
hicieron visibles en el aumento del desempleo, la precarización laboral y la
expansión de la pobreza. Muchas familias debieron recurrir a ollas comunes,
comedores solidarios y redes de apoyo comunitario para enfrentar la falta de
alimentos y recursos básicos. Las organizaciones vecinales, juntas de vecinos,
centros juveniles y comunidades cristianas de base cumplieron un rol
fundamental en la articulación de la solidaridad y la defensa de la dignidad de
los pobladores.
Paralelamente, durante los años ochenta se fortalecieron las
expresiones culturales y de resistencia. Talleres de teatro, grupos musicales,
murales y actividades deportivas surgieron como espacios de encuentro,
identidad y denuncia frente a la represión política. La juventud pobladora
comenzó a desempeñar un papel protagónico en jornadas de protesta nacional,
caceroleos, barricadas y manifestaciones que buscaban poner fin a la dictadura
y recuperar la democracia.
El Producto Interno Bruto disminuyó en un 14,3 %, el desempleo alcanzó el 23,7 % y se sumó la devaluación del peso en un 18 %. Por consiguiente, surgió un gran descontento social, ya que el nivel de cesantía se elevaba diariamente, razón por la cual comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones de protesta contra la dictadura.
En cuanto a lo político, la población nunca estuvo ajena a esta realidad. Cabe destacar que, en la década de los años setenta, diferentes partidos políticos se manifestaron, como el MAPU, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, militantes del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, teniendo una destacada participación al interior de la población, a pesar de que existía otra correlación de fuerzas con mayor tendencia hacia la derecha. Sin embargo, en este período (los años ochenta) se rearticularon algunos partidos políticos y organizaciones de carácter más revolucionario, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
En el ámbito cultural, la población San Joaquín constituyó un hito, ya que, a través del arte y la cultura, los jóvenes comenzaron a generar conciencia al interior de la comunidad. Un gran aporte al movimiento social y cultural fue la Comunidad Cristiana de la Parroquia San Mateo, que abrió sus puertas a quienes mantenían un pensamiento cristiano crítico frente al régimen dictatorial. Cabe resaltar que, dentro de esta década, ocurrió un hecho policial que enlutó a toda la población y que daremos a conocer a través de este blog.
Las primeras protestas sociales, a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, marcaron el inicio de una nueva etapa política en el país. Los familiares de detenidos desaparecidos, con el apoyo de la Iglesia mediante el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Pro Paz), cuya misión era prestar apoyo legal y social a las víctimas de violaciones de derechos humanos, posteriormente darían paso a la Vicaría de la Solidaridad. Otro movimiento ligado a la Iglesia fue el Movimiento Sebastián Acevedo, compuesto por religiosos, grupos de personas católicas con compromiso social y organismos internacionales de derechos humanos, quienes se atrevieron a denunciar a la dictadura perdiendo el temor.
La primera protesta nacional contra la dictadura fue convocada por la
Confederación de Trabajadores del Cobre el 11 de mayo de 1983, dando origen a
las posteriores jornadas de movilización que se extendieron hasta 1986. Este
llamado no estaba firmado por ningún convocante; solo incluía el dibujo de un
puño en alto y la letra R de “resistencia”.
La población San Joaquín, aquella mañana, amaneció cubierta de panfletos
elaborados de forma muy artesanal con mimeógrafo de tinta; incluso algunos
fueron escritos a puño y letra. La única consigna que aparecía decía: “Ha
llegado la hora de pararse y decir basta ya”, convocando a sacar las cacerolas
a las 20:00 horas.
Ese mismo día, soldados fuertemente armados que tenían casetas de vigilancia
en la calle 1 Oriente, cuyo objetivo era resguardar a militares y a sus
familias que vivían dentro de ese perímetro, se encargaron de recoger los
volantes de las calles de la población.
Durante el día corrió la voz de que en la noche
no habría locomoción colectiva; por tanto, había que retornar temprano a las
casas. Sin embargo, la locomoción se mantuvo, quizás en menor cantidad, pero
los pobladores no dejaron de llegar a sus domicilios, porque ya se habían
instalado los colectivos.
En este primer llamado, la población no tuvo una mayor convocatoria; por
tanto, las personas que salieron a protestar caminaron hacia la población
continua, La Victoria, encontrándose con un ambiente más organizado en todo
sentido. Un factor que contribuyó a las pequeñas acciones fueron las zanjas
realizadas por ellos mismos, ya que las calles, en su mayoría, no estaban
pavimentadas, lo que permitía parapetarse y, de esta manera, apedrear a
carabineros que realizaban continuas vigilancias por ambas poblaciones.
La dictadura, ante esta sublevación, respondió
con una fuerte represión, llevando a cabo allanamientos masivos en La Victoria,
La Castrina, Joao Goulart y Yungay. Más de 5.000 hombres fueron sacados
violentamente de sus casas, todos mayores de 14 años, y llevados a sitios
eriazos o canchas. Una vez identificados, los marcaban con un timbre de tinta
roja en la mano; en cambio, las mujeres debían quedarse junto a sus hijos
menores en sus casas.
La población San Joaquín no estuvo ajena a estos allanamientos. Quizás no
fueron masivos, pero sí selectivos. No olvidemos que dentro de la población
existía una cantidad no determinada de funcionarios policiales e incluso,
frente a la Tenencia Belén, había una comunidad entera de carabineros; por
tanto, la delación hacia dirigentes y jóvenes comprometidos era fácilmente
identificable.Los allanamientos dirigidos a vecinos al
interior de la población se realizaron en las calles 1 Oriente, Pedro Luna,
Simón González, Subercaseaux y calle Belén. Estos procedimientos se llevaron a
cabo en 16 poblaciones entre el 29 de abril y el 8 de mayo de 1986. La
intención de la dictadura era imponer una sensación de terror y demostrar que
con el poder no se jugaba.
Sin embargo, a partir de esta fecha comenzó un
sinnúmero de protestas cada vez más masivas, que fueron en ascenso, donde las
detenciones, muertes y relegaciones se volvieron progresivamente más violentas,
hasta llegar a los días 2 y 3 de julio de 1986.
¿Qué pasó ese día en la población?
Desde muy temprano el ambiente se sintió tenso.
Había numerosos panfletos y murales con consignas que llamaban a manifestarse,
esta vez firmados por el MIR y el FPMR. Muchas dueñas de casa decidieron no
enviar a sus hijos a clases en la Escuela 30, el jardín infantil Rayito de Luz
y la Escuela 82, ubicada en la calle 1 Oriente, ante el temor de que se
produjeran disturbios durante la jornada.
Por otro lado, los vecinos comenzaron a comprar
víveres y velas durante la mañana. Entre los pobladores se comentaba que era
necesario regresar temprano a casa, ya que, a raíz de las últimas protestas, la
locomoción colectiva era escasa y muchos trabajadores debían devolverse
caminando desde sus lugares de trabajo.
Al llegar la noche comenzaron los primeros
cadenazos, realizados por un grupo de jóvenes con pasamontañas, lo que provocó
un corte de luz en el sector de Pedro Luna. A medida que avanzaban las horas,
la oscuridad se volvió total. Posteriormente aparecieron tímidamente fogatas en
Carlos Valdovinos, interrumpiendo el tránsito hacia Cerrillos. Lo mismo ocurrió
en las calles 2 de Abril, Simón González, Marinero Caro y Avenida La Feria. A
lo lejos se divisaba humo en distintos puntos de la población La Victoria,
señal de que la protesta se extendía por todo el sector.
Pasadas las 20:00 horas comenzaron a
escucharse los primeros cacerolazos. Con el correr de los minutos estos
aumentaron en intensidad y algunas personas salieron con cautela a los balcones
de los departamentos y al frontis de sus casas, aunque eran los menos. En
cambio, un grupo de pobladores inició una marcha desde el interior de la
población, recorriendo Subercaseaux, Carlos Valdovinos y Avenida La Feria hasta
llegar a Departamental, donde se unieron a otras columnas provenientes de
sectores cercanos a La Victoria.
Cerca de las 22:00 horas ya casi no se
observaban vecinos en la población San Joaquín. Solo algunos jóvenes más osados
corrían en dirección a La Victoria. Lo más impactante fue la presencia de
tanquetas recorriendo las calles y de militares con el rostro pintado, al más
puro estilo comando, evidenciando el clima de militarización y control.
Una situación similar se había vivido el 11 de agosto de 1983, cuando el
dictador ordenó desplegar a 18.000 hombres armados en las calles e impuso toque
de queda desde las 24:00 hasta las 05:00 horas de la madrugada. En ese contexto
se aplicaron la Ley de Seguridad del Estado —artículo 24 transitorio— y
posteriormente la Ley Antiterrorista aprobada en mayo de 1984. El miedo se
extendió por la población, ya que los militares disparaban ráfagas sin
dirección y vehículos sin patente transitaban efectuando disparos al aire. El
objetivo era sembrar terror para impedir la protesta social, razón por la cual,
cerca de las 22:00 horas, ya no se veían transeúntes en las calles.
Las relegaciones fueron otro instrumento usado por la dictadura para
desarticular el movimiento social que iba en alza. Ya en el año 1984 serían
relegadas a las zonas más extremas de Chile importantes personas que trabajaban
en el área de los derechos humanos, como Juan Restelli, presidente de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos de Arica, quien fue enviado a la isla de
Chiloé.
En 1985, las relegaciones serían más masivas, no
tan solo dirigidas a personas connotadas en lo político o religioso, sino
también a dirigentes sindicales, sociales y estudiantiles. Nuestra población no
estuvo distante de esta realidad: vecinos de apellidos Leal, Aravena, Campos y
Bustamante fueron destinados a regiones del norte y sur del país.
En el caso del señor Carlos Bustamante,
dirigente poblacional, fue amenazado por la Asociación Chilena Anticomunista
(ACHA), aparato de ultraderecha colaborador de la dictadura. Bustamante relata
que una noche llegaron agentes de seguridad a la casa donde residían sus
suegros y su familia; tocaron la puerta fuertemente, identificándose como
Investigaciones. Luego allanaron la vivienda y posteriormente lo detuvieron.
Inmediatamente fue trasladado a un lugar desconocido para, consecutivamente,
enviarlo a Sierra Gorda, en el norte del país, donde estuvo tres meses, tiempo
que duraba el período de relegación.
Él cuenta que llegó a un lugar inhóspito,
donde solo quedaban ruinas de lo que fueron oficinas salitreras. En el pueblo
había pocos habitantes, siendo la mayoría familias de origen étnico. El único
retén del lugar estaba situado en el kilómetro 46 de la ruta B-25, que une
Antofagasta con Calama, cuya misión era patrullar la carretera. Hasta allí él
llegaba una vez al día a firmar.
Bustamante indica que el día pasaba lentamente
y las noches eran muy frías. No había muchos locales donde adquirir alimentos,
cigarros y útiles básicos de aseo; tampoco había teléfonos públicos. El único
existente era el del retén y, según la disposición del carabinero de turno,
existía la posibilidad de llamar a la familia. Por ende, la preocupación hacia
ellos era de suma importancia para los relegados. La solidaridad siempre estuvo
presente a través del Partido Comunista, la Iglesia y vecinos del sector,
quienes se reunían para gestionar actividades en ayuda de los relegados. Era
difícil comunicarse con la familia, pero siempre había forma de hacerlo.
Sin embargo, esta estrategia aplicada por la
dictadura no funcionó por mucho tiempo. Poco después se dieron cuenta de que
los desplazados estaban siendo bien acogidos por los residentes. Además, entre
los prisioneros y los habitantes de Sierra Gorda se fue entrelazando un grado
de confianza: los relegados daban a conocer su situación personal y también la
realidad del país, explicando que lo que realizaba el régimen autoritario de
Pinochet no era normal. Incluso, en esas comunas tan alejadas de la capital comenzaron
a aparecer rayados contra la dictadura.
Después de haber concluido su relegación,
Bustamante volvió a la población, retomando sus actividades como dirigente
poblacional y opositor a la dictadura militar.
Atentado en la Poblacion San Joaquín
Dentro de este período se produjo un hecho significativo. En 1988,
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez
atentó con un cohete LAW contra la tenencia Carlos Valdovinos, ubicada en calle
Belén Nº 3435, en la entonces comuna de San Miguel, muy cercana a la Población San Joaquín.
Todo ocurrió
la noche de un martes, alrededor de las 21:00 horas, cuando los vecinos
escucharon una fuerte explosión y observaron que desde la calle Bucalemu (que
da a la parte trasera del cuartel) sobrevolaba una llamarada de fuego que
finalmente impactó en las líneas telefónicas y en el alumbrado público del
sector. El estruendo generó pánico entre los pobladores, quienes rápidamente
salieron de sus casas para averiguar lo sucedido, en medio de la oscuridad y la
confusión provocadas por el corte de luz.
El objetivo
político-militar era atacar directamente la tenencia, emplazada en un área
relativamente despejada de viviendas, lo que teóricamente facilitaba un impacto
preciso. Sin embargo, dicho propósito no se concretó, ya que el cohete explotó
antes de alcanzar su blanco. Aun así, el hecho evidenció el nivel de
confrontación existente en los últimos años de la dictadura y la presencia de
acciones armadas en sectores populares de la capital.
En ese
momento, una familia que se encontraba en el exterior de su domicilio, ubicado
en calle Tartini, resultó directamente afectada por la caída de esquirlas del
proyectil. Afortunadamente, según el parte médico posterior, las lesiones
sufridas no fueron de mayor gravedad, aunque el impacto emocional y el temor
permanecieron por largo tiempo entre los habitantes del sector.
Tras el
ataque, la policía montó un rápido operativo de búsqueda que incluyó
allanamientos y patrullajes intensivos. Se registraron algunos tiroteos en el
interior de las poblaciones La Victoria y San Joaquín, y un número no precisado
de personas fue detenido bajo sospecha de participación o colaboración. Estos
procedimientos aumentaron la tensión en la zona y reforzaron la presencia
policial durante los días siguientes.
Cabe resaltar
que esta fue la segunda ocasión en que se atentó contra la Tenencia Carlos
Valdovinos. Como consecuencia, posteriormente se amplió su dotación de
funcionarios y se reforzaron las medidas de seguridad del recinto, reflejando
el clima de conflictividad política y social que caracterizó el final de la
década de 1980 en Chile.
Otro atentado se produjo en el
mes de Septiembre, esta vez seria una carga
con amongelatina que se ubico en
un poste de alumbrado público en la calle Carlos Valdovinos con lo Valledor,
hasta ese lugar llegaron dos personas que adosaron un paquete al poste que posteriormente detonó, causando serios daños y originando un apagón
parcial de energía eléctrica en el sector.
La década de los 80 en la población San Joaquín
Dentro de este proceso de investigación de la población San
Joaquín, nos introduciremos en un período que marcó a una nueva generación en
los ámbitos cultural, social y político, los cuales fueron progresando tanto
cuantitativa como cualitativamente. La idea es indagar en los hechos
acontecidos, en los que un sinnúmero de pobladores fueron protagonistas
directos de las transformaciones y resistencias que caracterizaron aquellos
años.
En el marco económico, esta década sufrió una de las mayores
crisis del país. La inflación bordeaba el 30 % anual debido, entre otras
causas, al aumento de las importaciones por sobre las exportaciones y a la
implementación del modelo económico neoliberal. Esta situación llevó a Chile a
solicitar financiamiento externo al Banco Mundial, donde las tasas de interés
aumentaban aceleradamente, incrementando aún más la deuda externa. A ello se
sumó la devolución y privatización de más de 500 empresas que habían sido
nacionalizadas durante el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador
Allende, profundizando así las desigualdades sociales y económicas.
En la población San Joaquín, las consecuencias de esta crisis se
hicieron visibles en el aumento del desempleo, la precarización laboral y la
expansión de la pobreza. Muchas familias debieron recurrir a ollas comunes,
comedores solidarios y redes de apoyo comunitario para enfrentar la falta de
alimentos y recursos básicos. Las organizaciones vecinales, juntas de vecinos,
centros juveniles y comunidades cristianas de base cumplieron un rol
fundamental en la articulación de la solidaridad y la defensa de la dignidad de
los pobladores.
Paralelamente, durante los años ochenta se fortalecieron las
expresiones culturales y de resistencia. Talleres de teatro, grupos musicales,
murales y actividades deportivas surgieron como espacios de encuentro,
identidad y denuncia frente a la represión política. La juventud pobladora
comenzó a desempeñar un papel protagónico en jornadas de protesta nacional,
caceroleos, barricadas y manifestaciones que buscaban poner fin a la dictadura
y recuperar la democracia.
El Producto Interno Bruto disminuyó en un 14,3 %, el desempleo alcanzó el 23,7 % y se sumó la devaluación del peso en un 18 %. Por consiguiente, surgió un gran descontento social, ya que el nivel de cesantía se elevaba diariamente, razón por la cual comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones de protesta contra la dictadura.
En cuanto a lo político, la población nunca estuvo ajena a esta realidad. Cabe destacar que, en la década de los años setenta, diferentes partidos políticos se manifestaron, como el MAPU, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, militantes del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, teniendo una destacada participación al interior de la población, a pesar de que existía otra correlación de fuerzas con mayor tendencia hacia la derecha. Sin embargo, en este período (los años ochenta) se rearticularon algunos partidos políticos y organizaciones de carácter más revolucionario, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
En el ámbito cultural, la población San Joaquín constituyó un hito, ya que, a través del arte y la cultura, los jóvenes comenzaron a generar conciencia al interior de la comunidad. Un gran aporte al movimiento social y cultural fue la Comunidad Cristiana de la Parroquia San Mateo, que abrió sus puertas a quienes mantenían un pensamiento cristiano crítico frente al régimen dictatorial. Cabe resaltar que, dentro de esta década, ocurrió un hecho policial que enlutó a toda la población y que daremos a conocer a través de este blog.
Las primeras protestas sociales, a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, marcaron el inicio de una nueva etapa política en el país. Los familiares de detenidos desaparecidos, con el apoyo de la Iglesia mediante el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Pro Paz), cuya misión era prestar apoyo legal y social a las víctimas de violaciones de derechos humanos, posteriormente darían paso a la Vicaría de la Solidaridad. Otro movimiento ligado a la Iglesia fue el Movimiento Sebastián Acevedo, compuesto por religiosos, grupos de personas católicas con compromiso social y organismos internacionales de derechos humanos, quienes se atrevieron a denunciar a la dictadura perdiendo el temor.
La primera protesta nacional contra la dictadura fue convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre el 11 de mayo de 1983, dando origen a las posteriores jornadas de movilización que se extendieron hasta 1986. Este llamado no estaba firmado por ningún convocante; solo incluía el dibujo de un puño en alto y la letra R de “resistencia”.
La población San Joaquín, aquella mañana, amaneció cubierta de panfletos elaborados de forma muy artesanal con mimeógrafo de tinta; incluso algunos fueron escritos a puño y letra. La única consigna que aparecía decía: “Ha llegado la hora de pararse y decir basta ya”, convocando a sacar las cacerolas a las 20:00 horas.
Ese mismo día, soldados fuertemente armados que tenían casetas de vigilancia
en la calle 1 Oriente, cuyo objetivo era resguardar a militares y a sus
familias que vivían dentro de ese perímetro, se encargaron de recoger los
volantes de las calles de la población.
Durante el día corrió la voz de que en la noche no habría locomoción colectiva; por tanto, había que retornar temprano a las casas. Sin embargo, la locomoción se mantuvo, quizás en menor cantidad, pero los pobladores no dejaron de llegar a sus domicilios, porque ya se habían instalado los colectivos.
En este primer llamado, la población no tuvo una mayor convocatoria; por
tanto, las personas que salieron a protestar caminaron hacia la población
continua, La Victoria, encontrándose con un ambiente más organizado en todo
sentido. Un factor que contribuyó a las pequeñas acciones fueron las zanjas
realizadas por ellos mismos, ya que las calles, en su mayoría, no estaban
pavimentadas, lo que permitía parapetarse y, de esta manera, apedrear a
carabineros que realizaban continuas vigilancias por ambas poblaciones.
La dictadura, ante esta sublevación, respondió
con una fuerte represión, llevando a cabo allanamientos masivos en La Victoria,
La Castrina, Joao Goulart y Yungay. Más de 5.000 hombres fueron sacados
violentamente de sus casas, todos mayores de 14 años, y llevados a sitios
eriazos o canchas. Una vez identificados, los marcaban con un timbre de tinta
roja en la mano; en cambio, las mujeres debían quedarse junto a sus hijos
menores en sus casas.
La población San Joaquín no estuvo ajena a estos allanamientos. Quizás no fueron masivos, pero sí selectivos. No olvidemos que dentro de la población existía una cantidad no determinada de funcionarios policiales e incluso, frente a la Tenencia Belén, había una comunidad entera de carabineros; por tanto, la delación hacia dirigentes y jóvenes comprometidos era fácilmente identificable.
Los allanamientos dirigidos a vecinos al
interior de la población se realizaron en las calles 1 Oriente, Pedro Luna,
Simón González, Subercaseaux y calle Belén. Estos procedimientos se llevaron a
cabo en 16 poblaciones entre el 29 de abril y el 8 de mayo de 1986. La
intención de la dictadura era imponer una sensación de terror y demostrar que
con el poder no se jugaba.
Sin embargo, a partir de esta fecha comenzó un
sinnúmero de protestas cada vez más masivas, que fueron en ascenso, donde las
detenciones, muertes y relegaciones se volvieron progresivamente más violentas,
hasta llegar a los días 2 y 3 de julio de 1986.
¿Qué pasó ese día en la población?
Desde muy temprano el ambiente se sintió tenso.
Había numerosos panfletos y murales con consignas que llamaban a manifestarse,
esta vez firmados por el MIR y el FPMR. Muchas dueñas de casa decidieron no
enviar a sus hijos a clases en la Escuela 30, el jardín infantil Rayito de Luz
y la Escuela 82, ubicada en la calle 1 Oriente, ante el temor de que se
produjeran disturbios durante la jornada.
Por otro lado, los vecinos comenzaron a comprar
víveres y velas durante la mañana. Entre los pobladores se comentaba que era
necesario regresar temprano a casa, ya que, a raíz de las últimas protestas, la
locomoción colectiva era escasa y muchos trabajadores debían devolverse
caminando desde sus lugares de trabajo.
Al llegar la noche comenzaron los primeros
cadenazos, realizados por un grupo de jóvenes con pasamontañas, lo que provocó
un corte de luz en el sector de Pedro Luna. A medida que avanzaban las horas,
la oscuridad se volvió total. Posteriormente aparecieron tímidamente fogatas en
Carlos Valdovinos, interrumpiendo el tránsito hacia Cerrillos. Lo mismo ocurrió
en las calles 2 de Abril, Simón González, Marinero Caro y Avenida La Feria. A
lo lejos se divisaba humo en distintos puntos de la población La Victoria,
señal de que la protesta se extendía por todo el sector.
Pasadas las 20:00 horas comenzaron a
escucharse los primeros cacerolazos. Con el correr de los minutos estos
aumentaron en intensidad y algunas personas salieron con cautela a los balcones
de los departamentos y al frontis de sus casas, aunque eran los menos. En
cambio, un grupo de pobladores inició una marcha desde el interior de la
población, recorriendo Subercaseaux, Carlos Valdovinos y Avenida La Feria hasta
llegar a Departamental, donde se unieron a otras columnas provenientes de
sectores cercanos a La Victoria.
Cerca de las 22:00 horas ya casi no se
observaban vecinos en la población San Joaquín. Solo algunos jóvenes más osados
corrían en dirección a La Victoria. Lo más impactante fue la presencia de
tanquetas recorriendo las calles y de militares con el rostro pintado, al más
puro estilo comando, evidenciando el clima de militarización y control.
Una situación similar se había vivido el 11 de agosto de 1983, cuando el dictador ordenó desplegar a 18.000 hombres armados en las calles e impuso toque de queda desde las 24:00 hasta las 05:00 horas de la madrugada. En ese contexto se aplicaron la Ley de Seguridad del Estado —artículo 24 transitorio— y posteriormente la Ley Antiterrorista aprobada en mayo de 1984. El miedo se extendió por la población, ya que los militares disparaban ráfagas sin dirección y vehículos sin patente transitaban efectuando disparos al aire. El objetivo era sembrar terror para impedir la protesta social, razón por la cual, cerca de las 22:00 horas, ya no se veían transeúntes en las calles.
Las relegaciones fueron otro instrumento usado por la dictadura para
desarticular el movimiento social que iba en alza. Ya en el año 1984 serían
relegadas a las zonas más extremas de Chile importantes personas que trabajaban
en el área de los derechos humanos, como Juan Restelli, presidente de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos de Arica, quien fue enviado a la isla de
Chiloé.
En 1985, las relegaciones serían más masivas, no
tan solo dirigidas a personas connotadas en lo político o religioso, sino
también a dirigentes sindicales, sociales y estudiantiles. Nuestra población no
estuvo distante de esta realidad: vecinos de apellidos Leal, Aravena, Campos y
Bustamante fueron destinados a regiones del norte y sur del país.
En el caso del señor Carlos Bustamante,
dirigente poblacional, fue amenazado por la Asociación Chilena Anticomunista
(ACHA), aparato de ultraderecha colaborador de la dictadura. Bustamante relata
que una noche llegaron agentes de seguridad a la casa donde residían sus
suegros y su familia; tocaron la puerta fuertemente, identificándose como
Investigaciones. Luego allanaron la vivienda y posteriormente lo detuvieron.
Inmediatamente fue trasladado a un lugar desconocido para, consecutivamente,
enviarlo a Sierra Gorda, en el norte del país, donde estuvo tres meses, tiempo
que duraba el período de relegación.
Él cuenta que llegó a un lugar inhóspito,
donde solo quedaban ruinas de lo que fueron oficinas salitreras. En el pueblo
había pocos habitantes, siendo la mayoría familias de origen étnico. El único
retén del lugar estaba situado en el kilómetro 46 de la ruta B-25, que une
Antofagasta con Calama, cuya misión era patrullar la carretera. Hasta allí él
llegaba una vez al día a firmar.
Bustamante indica que el día pasaba lentamente
y las noches eran muy frías. No había muchos locales donde adquirir alimentos,
cigarros y útiles básicos de aseo; tampoco había teléfonos públicos. El único
existente era el del retén y, según la disposición del carabinero de turno,
existía la posibilidad de llamar a la familia. Por ende, la preocupación hacia
ellos era de suma importancia para los relegados. La solidaridad siempre estuvo
presente a través del Partido Comunista, la Iglesia y vecinos del sector,
quienes se reunían para gestionar actividades en ayuda de los relegados. Era
difícil comunicarse con la familia, pero siempre había forma de hacerlo.
Sin embargo, esta estrategia aplicada por la
dictadura no funcionó por mucho tiempo. Poco después se dieron cuenta de que
los desplazados estaban siendo bien acogidos por los residentes. Además, entre
los prisioneros y los habitantes de Sierra Gorda se fue entrelazando un grado
de confianza: los relegados daban a conocer su situación personal y también la
realidad del país, explicando que lo que realizaba el régimen autoritario de
Pinochet no era normal. Incluso, en esas comunas tan alejadas de la capital comenzaron
a aparecer rayados contra la dictadura.
Después de haber concluido su relegación,
Bustamante volvió a la población, retomando sus actividades como dirigente
poblacional y opositor a la dictadura militar.
Atentado en la Poblacion San Joaquín
Dentro de este período se produjo un hecho significativo. En 1988,
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez
atentó con un cohete LAW contra la tenencia Carlos Valdovinos, ubicada en calle
Belén Nº 3435, en la entonces comuna de San Miguel, muy cercana a la Población San Joaquín.
Todo ocurrió
la noche de un martes, alrededor de las 21:00 horas, cuando los vecinos
escucharon una fuerte explosión y observaron que desde la calle Bucalemu (que
da a la parte trasera del cuartel) sobrevolaba una llamarada de fuego que
finalmente impactó en las líneas telefónicas y en el alumbrado público del
sector. El estruendo generó pánico entre los pobladores, quienes rápidamente
salieron de sus casas para averiguar lo sucedido, en medio de la oscuridad y la
confusión provocadas por el corte de luz.
El objetivo
político-militar era atacar directamente la tenencia, emplazada en un área
relativamente despejada de viviendas, lo que teóricamente facilitaba un impacto
preciso. Sin embargo, dicho propósito no se concretó, ya que el cohete explotó
antes de alcanzar su blanco. Aun así, el hecho evidenció el nivel de
confrontación existente en los últimos años de la dictadura y la presencia de
acciones armadas en sectores populares de la capital.
En ese
momento, una familia que se encontraba en el exterior de su domicilio, ubicado
en calle Tartini, resultó directamente afectada por la caída de esquirlas del
proyectil. Afortunadamente, según el parte médico posterior, las lesiones
sufridas no fueron de mayor gravedad, aunque el impacto emocional y el temor
permanecieron por largo tiempo entre los habitantes del sector.
Tras el
ataque, la policía montó un rápido operativo de búsqueda que incluyó
allanamientos y patrullajes intensivos. Se registraron algunos tiroteos en el
interior de las poblaciones La Victoria y San Joaquín, y un número no precisado
de personas fue detenido bajo sospecha de participación o colaboración. Estos
procedimientos aumentaron la tensión en la zona y reforzaron la presencia
policial durante los días siguientes.
Cabe resaltar que esta fue la segunda ocasión en que se atentó contra la Tenencia Carlos Valdovinos. Como consecuencia, posteriormente se amplió su dotación de funcionarios y se reforzaron las medidas de seguridad del recinto, reflejando el clima de conflictividad política y social que caracterizó el final de la década de 1980 en Chile.
Otro caso similar ocurrió en Quirihue con Armando Lira. Esta explosión causó mucho susto por el fuerte ruido que ocasionó la carga explosiva. Afortunadamente, en ambos casos no hubo víctimas fatales en la población San Joaquín, solo expectación ante el hecho.
Durante este proceso de sublevación se originaron varios atentados más, entre ellos la colocación de un artefacto explosivo en las cortinas metálicas del local ubicado en lo que actualmente es el supermercado ERBI. Esta situación se produjo a raíz de que el dueño del establecimiento comercial golpeó a una joven mujer por tener diferencias políticas con él, ya que se manifestaba abiertamente como fiel seguidor del régimen dictatorial. Otro atentado fue un incendio contra la garita de las micros Matadero Palma.
Hubo un hecho que marcó un precedente en la población: el más osado fue cuando un grupo de milicianos atacó con una subametralladora las casetas de militares que estaban apostadas en la calle 1 Oriente. Estos dispararon desde la calle Mariquina en dirección al poniente y, ante el factor sorpresa, los conscriptos no tuvieron capacidad de respuesta inmediata.
Dentro de este capítulo se relatan diferentes historias anecdóticas. En una de las tantas marchas opositoras al régimen dictatorial, un grupo de compañeros detectó a una persona desconocida con una chaqueta de gamulán (abrigo grueso con chiporro). Comenzó a correr la voz de que era un agente infiltrado y, ante ello, los pobladores le dieron una gran paliza. Sin embargo, este supuesto “sapo” resultó ser un poblador más que participaba de la marcha.
Otro poblador sufrió la ira de Carabineros. En un día de protesta nacional, en la población se levantaron barricadas y al ver esto, la fuerza pública actuó deteniendo a un joven que arrancó por los edificios, ingresando a uno hasta un quinto piso. Desgraciadamente para él, fue delatado por un oficial que vivía ahí. Hasta ese piso subió el contingente y, una vez detenido, procedieron a golpearlo, obligándolo a gritar: “¡Vivan los Carabineros de Chile!”.
Recuperación en la Escuela Japón
Este hecho marcó un antes y un después en la población San Joaquín, debido a que dejó varios detenidos y una víctima fatal perteneciente al sector. Todo ocurrió a fines de febrero de 1988 en la Escuela Japón, ubicada en Ricardo Morales Nº 3369, en la comuna de San Miguel.
A las 10:20 de la mañana, funcionarios de la empresa de transporte de valores Brinks Chile llegaron al establecimiento para cancelar los sueldos de los profesores que trabajaban allí. Habitualmente, la empresa instalaba tres cajas de pago en el interior del recinto, utilizando la biblioteca situada en el ala sur-oriente del edificio. En esa jornada se pagarían cerca de 30 millones de pesos en remuneraciones correspondientes tanto a docentes de ese establecimiento como de otros planteles dependientes de la municipalidad de San Miguel.
Luego de que el camión de Brinks ingresara por el portón norte del colegio, una camioneta con seis hombres armados que cubrían sus rostros con pañoletas y portaban armamento largo y corto automático llegaron al lugar. Estos se dirigieron de inmediato a las cajas pagadoras, mientras que en el acceso permanecieron dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar mayor diálogo, los primeros anunciaron que se trataba de un asalto. Los funcionarios del vehículo de seguridad, al percatarse de la situación, desenfundaron sus armas, iniciándose una intensa balacera. En ese enfrentamiento cayó muerto el gerente de operaciones de Brinks, Luis Roberto Yanque, mientras que Juan Martínez Contreras, de 21 años, resultó gravemente herido y agonizó poco después.
El tiroteo se prolongó entre ocho y diez minutos al interior de las improvisadas oficinas de pago, donde se encontraban cerca de veinte personas, entre profesores y personal de vigilancia. El intercambio de disparos dejó además tres heridos, quienes fueron trasladados posteriormente a la posta del Hospital Barros Luco.
Una de las principales evidencias de la violencia del enfrentamiento fueron los veinticinco impactos de bala incrustados en el techo del recinto, lo que indicaba que los asaltantes no dispararon directamente contra los docentes presentes en la sala. En el suelo también quedó una gran cantidad de casquillos percutados, testimonio material de la magnitud del enfrentamiento armado.
Al momento de emprender la fuga, el grupo advirtió que uno de sus integrantes no se encontraba con ellos. Esta situación generó alarma cuando se escucharon disparos de arma corta: uno de los guardias de seguridad había herido a Juan Carlos y sin posibilidad de escapar, lo remató. Algunos diarios de la época señalaron que habrían sido sus propios compañeros quienes le dieron muerte; sin embargo, el proceso judicial posterior estableció que fue un guardia quien efectuó los disparos fatales, hiriendo además de manera accidental a otro vigilante.
Posteriormente, los asaltantes huyeron rápidamente en la misma camioneta en que habían llegado, mientras que los dos sujetos que custodiaban el portón lo cerraron con una gruesa cadena y candado, dificultando la reacción inmediata del personal de seguridad de Brinks. El grupo escapó en dirección norponiente y abandonó los vehículos utilizados en las cercanías de calle Club Hípico, frente al número 3.500.
Hasta ese lugar llegaron efectivos de Carabineros, Investigaciones y policías de civil, quienes desarrollaron un amplio operativo en distintos puntos de la comuna, particularmente en los sectores de San Joaquín y La Victoria, realizando allanamientos en viviendas de vecinos. Pese al despliegue policial, ese día no se registraron detenidos.
Una de las viviendas más afectadas fue la casa de los padres del occiso, quienes vivían en la población San Joaquín, enfrentando el allanamiento y a su vez, la noticia de la muerte de su hijo. Con el transcurso de los días, los allanamientos persistieron y hubo muchos detenidos, tanto en la población La Victoria como en la población San Joaquín.
Cabe resaltar un allanamiento que llamó particularmente la atención: ocurrió en un departamento ubicado en la calle Mariquina, donde rodearon el block con más de 20 vehículos, entre efectivos de Investigaciones y Carabineros. Los vecinos relatan ese hecho de la siguiente manera: “Iba yo en la micro Eduardo Castillo Velasco, que pasaba por Mariquina, a plena luz del día, cuando observamos que estaban irrumpiendo en un departamento. Todos los efectivos policiales se encontraban armados; había civiles y algunos carabineros portaban un subfusil corto (metralletas Uzi). A todas las personas que se encontraban observando las conminaron a retirarse a sus casas. Se prohibía el tránsito peatonal por ese sector, aludiendo ‘por seguridad’, en caso de enfrentamiento”.
Uno de los nuestros en el atentado contra el dictador
Nada hacía presagiar que, aquel jueves 7 de septiembre de 1986, un grupo de 21 hombres pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez tomaría una de las decisiones más importantes de sus vidas: ejecutar la sentencia contra el dictador Augusto Pinochet mediante una acción armada que burlara a su comando de élite. A esta operación la denominaron “Operación Siglo XX”, considerada una de las acciones político-militares más audaces de la resistencia a la dictadura.
Uno de aquellos combatientes fue el fusilero Víctor Díaz Caro, conocido en el barrio como “Toti”. Hijo de un obrero gráfico comunista y de una madre costurera, era el único varón de una familia compuesta además por dos hermanas. Su historia personal estuvo profundamente marcada por el compromiso político y social heredado de su entorno familiar.
Víctor creció en las calles de la población, entre pichangas improvisadas y las vivencias propias de la juventud popular de la época. A muy temprana edad inició su militancia comunista, la que se fortaleció tras la desaparición de su padre, Víctor Díaz López, destacado integrante del Comité Central del Partido Comunista. Este hecho transformó su dolor en decisión política y lo empujó a incorporarse activamente a la lucha contra la dictadura.
Durante la década de 1980 ingresó al FPMR, donde adoptó los nombres de combate “Daniel” y “Alonso”. En ese período recibió formación política y militar, siendo posteriormente seleccionado para participar en una de las acciones de mayor envergadura contra el régimen: el intento de tiranicidio del 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.
Tras intensos allanamientos y operativos de búsqueda, Víctor Díaz fue detenido el 23 de noviembre de 1986. Sin embargo, su historia de resistencia continuó: el 30 de enero de 1990 logró fugarse desde la Cárcel Pública de Santiago a través de un túnel, en una acción conocida como la “Operación Éxito”, una de las evasiones más emblemáticas de presos políticos en los últimos meses de la dictadura.
La vida de Víctor Díaz Caro refleja el compromiso, los riesgos y las convicciones de toda una generación que enfrentó la represión con organización y decisión, convirtiéndose en parte de la memoria histórica de las luchas populares en Chile.
Este hecho marcó un antes y un después en la población San Joaquín, debido a que dejó varios detenidos y una víctima fatal perteneciente al sector. Todo ocurrió a fines de febrero de 1988 en la Escuela Japón, ubicada en Ricardo Morales Nº 3369, en la comuna de San Miguel.
A las 10:20 de la mañana, funcionarios de la empresa de transporte de valores Brinks Chile llegaron al establecimiento para cancelar los sueldos de los profesores que trabajaban allí. Habitualmente, la empresa instalaba tres cajas de pago en el interior del recinto, utilizando la biblioteca situada en el ala sur-oriente del edificio. En esa jornada se pagarían cerca de 30 millones de pesos en remuneraciones correspondientes tanto a docentes de ese establecimiento como de otros planteles dependientes de la municipalidad de San Miguel.
Luego de que el camión de Brinks ingresara por el portón norte del colegio, una camioneta con seis hombres armados que cubrían sus rostros con pañoletas y portaban armamento largo y corto automático llegaron al lugar. Estos se dirigieron de inmediato a las cajas pagadoras, mientras que en el acceso permanecieron dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar mayor diálogo, los primeros anunciaron que se trataba de un asalto. Los funcionarios del vehículo de seguridad, al percatarse de la situación, desenfundaron sus armas, iniciándose una intensa balacera. En ese enfrentamiento cayó muerto el gerente de operaciones de Brinks, Luis Roberto Yanque, mientras que Juan Martínez Contreras, de 21 años, resultó gravemente herido y agonizó poco después.
El tiroteo se prolongó entre ocho y diez minutos al interior de las improvisadas oficinas de pago, donde se encontraban cerca de veinte personas, entre profesores y personal de vigilancia. El intercambio de disparos dejó además tres heridos, quienes fueron trasladados posteriormente a la posta del Hospital Barros Luco.
Una de las principales evidencias de la violencia del enfrentamiento fueron los veinticinco impactos de bala incrustados en el techo del recinto, lo que indicaba que los asaltantes no dispararon directamente contra los docentes presentes en la sala. En el suelo también quedó una gran cantidad de casquillos percutados, testimonio material de la magnitud del enfrentamiento armado.
Al momento de emprender la fuga, el grupo advirtió que uno de sus integrantes no se encontraba con ellos. Esta situación generó alarma cuando se escucharon disparos de arma corta: uno de los guardias de seguridad había herido a Juan Carlos y sin posibilidad de escapar, lo remató. Algunos diarios de la época señalaron que habrían sido sus propios compañeros quienes le dieron muerte; sin embargo, el proceso judicial posterior estableció que fue un guardia quien efectuó los disparos fatales, hiriendo además de manera accidental a otro vigilante.
Posteriormente, los asaltantes huyeron rápidamente en la misma camioneta en que habían llegado, mientras que los dos sujetos que custodiaban el portón lo cerraron con una gruesa cadena y candado, dificultando la reacción inmediata del personal de seguridad de Brinks. El grupo escapó en dirección norponiente y abandonó los vehículos utilizados en las cercanías de calle Club Hípico, frente al número 3.500.
Hasta ese lugar llegaron efectivos de Carabineros, Investigaciones y policías de civil, quienes desarrollaron un amplio operativo en distintos puntos de la comuna, particularmente en los sectores de San Joaquín y La Victoria, realizando allanamientos en viviendas de vecinos. Pese al despliegue policial, ese día no se registraron detenidos.
Una de las viviendas más afectadas fue la casa de los padres del occiso, quienes vivían en la población San Joaquín, enfrentando el allanamiento y a su vez, la noticia de la muerte de su hijo. Con el transcurso de los días, los allanamientos persistieron y hubo muchos detenidos, tanto en la población La Victoria como en la población San Joaquín.
Cabe resaltar un allanamiento que llamó particularmente la atención: ocurrió en un departamento ubicado en la calle Mariquina, donde rodearon el block con más de 20 vehículos, entre efectivos de Investigaciones y Carabineros. Los vecinos relatan ese hecho de la siguiente manera: “Iba yo en la micro Eduardo Castillo Velasco, que pasaba por Mariquina, a plena luz del día, cuando observamos que estaban irrumpiendo en un departamento. Todos los efectivos policiales se encontraban armados; había civiles y algunos carabineros portaban un subfusil corto (metralletas Uzi). A todas las personas que se encontraban observando las conminaron a retirarse a sus casas. Se prohibía el tránsito peatonal por ese sector, aludiendo ‘por seguridad’, en caso de enfrentamiento”.
Uno de los nuestros en el atentado contra el dictador
Nada hacía presagiar que, aquel jueves 7 de septiembre de 1986, un grupo de 21 hombres pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez tomaría una de las decisiones más importantes de sus vidas: ejecutar la sentencia contra el dictador Augusto Pinochet mediante una acción armada que burlara a su comando de élite. A esta operación la denominaron “Operación Siglo XX”, considerada una de las acciones político-militares más audaces de la resistencia a la dictadura.
Uno de aquellos combatientes fue el fusilero Víctor Díaz Caro, conocido en el barrio como “Toti”. Hijo de un obrero gráfico comunista y de una madre costurera, era el único varón de una familia compuesta además por dos hermanas. Su historia personal estuvo profundamente marcada por el compromiso político y social heredado de su entorno familiar.
Víctor creció en las calles de la población, entre pichangas improvisadas y las vivencias propias de la juventud popular de la época. A muy temprana edad inició su militancia comunista, la que se fortaleció tras la desaparición de su padre, Víctor Díaz López, destacado integrante del Comité Central del Partido Comunista. Este hecho transformó su dolor en decisión política y lo empujó a incorporarse activamente a la lucha contra la dictadura.
Durante la década de 1980 ingresó al FPMR, donde adoptó los nombres de combate “Daniel” y “Alonso”. En ese período recibió formación política y militar, siendo posteriormente seleccionado para participar en una de las acciones de mayor envergadura contra el régimen: el intento de tiranicidio del 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.
Tras intensos allanamientos y operativos de búsqueda, Víctor Díaz fue detenido el 23 de noviembre de 1986. Sin embargo, su historia de resistencia continuó: el 30 de enero de 1990 logró fugarse desde la Cárcel Pública de Santiago a través de un túnel, en una acción conocida como la “Operación Éxito”, una de las evasiones más emblemáticas de presos políticos en los últimos meses de la dictadura.
La vida de Víctor Díaz Caro refleja el compromiso, los riesgos y las convicciones de toda una generación que enfrentó la represión con organización y decisión, convirtiéndose en parte de la memoria histórica de las luchas populares en Chile.
El plebiscito de 1980 cambió la Constitución Política de Chile
La primera carta fundamental de Chile fue promulgada en 1833, en un contexto de organización del Estado republicano tras los conflictos políticos de las décadas anteriores. Este texto constitucional estuvo fuertemente influido por la visión política de Diego Portales, quien promovía un orden autoritario, centralizado y con un Ejecutivo fuerte que asegurara estabilidad y control social. Esta Constitución se mantuvo vigente por casi un siglo, consolidando una estructura política conservadora.
Posteriormente, en 1925, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, se impulsó un nuevo proceso constitucional mediante un referéndum. Su objetivo principal fue modificar el sistema político existente, restableciendo la separación entre Iglesia y Estado y fortaleciendo gradualmente el poder Ejecutivo, con el fin de reforzar el rol del Presidente de la República dentro de un régimen más moderno y presidencialista.
El tercer gran cambio constitucional en la historia de Chile fue promovido por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. El régimen argumentó que la Constitución de 1925 había quedado obsoleta frente a los acontecimientos políticos previos al golpe de Estado de 1973 y que no había sido capaz de defender la democracia frente a lo que denominaba la amenaza del marxismo. En este contexto, la dictadura elaboró una nueva Constitución que fue sometida a plebiscito en 1980 en condiciones ampliamente cuestionadas por la falta de registros electorales transparentes, ausencia de libertades políticas y control de los medios de comunicación.
La Constitución de 1980 no solo reorganizó el sistema político, sino que también instauró un modelo institucional y económico de carácter neoliberal, limitando la participación democrática y asegurando la continuidad de la influencia militar en la vida política del país. Asimismo, se incorporaron normas de seguridad del Estado y legislaciones represivas, como la aplicación de la ley antiterrorista, utilizadas para perseguir a opositores políticos y movimientos sociales.
Este proceso constitucional marcó profundamente la historia reciente de Chile, ya que su estructura y principios continuaron influyendo en la institucionalidad del país incluso después del retorno a la democracia en 1990, generando durante décadas un amplio debate social y político sobre la necesidad de una nueva Constitución verdaderamente democrática.
El 4 de enero de 1978, la autocracia hizo un llamado, mediante una consulta
nacional, para rechazar la intervención de las Naciones Unidas a raíz de la
fuerte presión que estaba ejerciendo la ONU, además de aprobar o rechazar,
mediante el voto, la legitimidad del gobierno. La alternativa “Sí” registró un
total de 75,04 % de aprobación; sin embargo, la consulta fue cuestionada porque
no existían registros electorales.
¿Cómo fue este proceso en la Población San Joaquín?
La primera carta fundamental de Chile fue promulgada en 1833, en un contexto de organización del Estado republicano tras los conflictos políticos de las décadas anteriores. Este texto constitucional estuvo fuertemente influido por la visión política de Diego Portales, quien promovía un orden autoritario, centralizado y con un Ejecutivo fuerte que asegurara estabilidad y control social. Esta Constitución se mantuvo vigente por casi un siglo, consolidando una estructura política conservadora.
Posteriormente, en 1925, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, se impulsó un nuevo proceso constitucional mediante un referéndum. Su objetivo principal fue modificar el sistema político existente, restableciendo la separación entre Iglesia y Estado y fortaleciendo gradualmente el poder Ejecutivo, con el fin de reforzar el rol del Presidente de la República dentro de un régimen más moderno y presidencialista.
El tercer gran cambio constitucional en la historia de Chile fue promovido por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. El régimen argumentó que la Constitución de 1925 había quedado obsoleta frente a los acontecimientos políticos previos al golpe de Estado de 1973 y que no había sido capaz de defender la democracia frente a lo que denominaba la amenaza del marxismo. En este contexto, la dictadura elaboró una nueva Constitución que fue sometida a plebiscito en 1980 en condiciones ampliamente cuestionadas por la falta de registros electorales transparentes, ausencia de libertades políticas y control de los medios de comunicación.
La Constitución de 1980 no solo reorganizó el sistema político, sino que también instauró un modelo institucional y económico de carácter neoliberal, limitando la participación democrática y asegurando la continuidad de la influencia militar en la vida política del país. Asimismo, se incorporaron normas de seguridad del Estado y legislaciones represivas, como la aplicación de la ley antiterrorista, utilizadas para perseguir a opositores políticos y movimientos sociales.
Este proceso constitucional marcó profundamente la historia reciente de Chile, ya que su estructura y principios continuaron influyendo en la institucionalidad del país incluso después del retorno a la democracia en 1990, generando durante décadas un amplio debate social y político sobre la necesidad de una nueva Constitución verdaderamente democrática.
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El 4 de enero de 1978, la autocracia hizo un llamado, mediante una consulta nacional, para rechazar la intervención de las Naciones Unidas a raíz de la fuerte presión que estaba ejerciendo la ONU, además de aprobar o rechazar, mediante el voto, la legitimidad del gobierno. La alternativa “Sí” registró un total de 75,04 % de aprobación; sin embargo, la consulta fue cuestionada porque no existían registros electorales.
En la población San Joaquín, el proceso se
manifestó de manera más bien tímida en sus inicios. Comenzaron a circular
algunos panfletos que llamaban a sufragar por el No a la nueva Constitución, los cuales aparecieron de
forma discreta en distintos puntos del sector. Sin embargo, el día previo a los
sufragios se realizó una convocatoria a una manifestación en contra del Sí, programada para las 19:00 horas en el
paseo Huérfanos con Ahumada, en el centro de Santiago.
A dicha movilización asistieron algunos
pobladores del sector de San Joaquín, lo que refleja el clima de temor,
vigilancia y represión existente en ese período. La manifestación fue
rápidamente disuelta por la acción conjunta de civiles y efectivos de
Carabineros, extendiéndose los incidentes hasta aproximadamente las 22:00 horas
en la intersección de Ahumada con la Alameda. Este tipo de represión contribuyó
a mantener un ambiente de control y silencio en muchas poblaciones populares,
donde la expresión pública de disidencia implicaba altos riesgos.
En cuanto al proceso de votación, los
habitantes de la población San Joaquín debieron concurrir a distintos locales
según su sexo, tal como lo establecía la organización electoral de la época:
Locales
de votación para varones:
·
Liceo A-101, ubicado en J. J. Prieto Nº 6075.
·
Escuela Japón, en Ricardo Morales Nº 3369.
·
Liceo Nº 8, en Gaspar Banda Nº 4047.
·
Liceo Industrial A-97, en Avenida Departamental.
Locales
de votación para mujeres:
·
Liceo A-101, en J. J. Prieto Nº 6075.
·
Liceo Industrial A-97, en Florencia Nº 1442.
·
Escuela D-476, en calle Comercio Nº 175.
·
Liceo A-90 Darío Salas, en Gran Avenida Nº 5270.
·
Liceo Industrial C-98, en Santa Rosa Nº 3050.
La distribución diferenciada de los locales de
votación, así como la baja participación visible en actividades públicas
previas al plebiscito, dan cuenta de un contexto marcado por el control
político, la presencia policial y el temor de la población. Aun así, en medio
de ese escenario restrictivo, comenzaron a gestarse pequeñas expresiones de
organización y resistencia que, con el paso del tiempo, irían fortaleciendo la
participación social y política en el territorio.
En relación con los medios escritos, los periódicos oficialistas publicaban artículos a favor de la nueva Constitución, en páginas completas, difundiendo afiches con distintos contenidos en apoyo al “Sí”.
¿Qué pasó ese día?
El canal 7 de Televisión Nacional de Chile realizó una jornada maratónica a partir de las 08:00 de la mañana. La televisora dispuso un amplio despliegue periodístico con cerca de 20 corresponsales a nivel nacional, quienes despacharon información en cuatro informativos especiales, además de la emisión central de 60 minutos.
Durante los comicios, el canal presentó una parrilla programática de carácter musical y festivalero, conducida por María Olga Fernández, Pablo Aguilera y Enrique Maluenda, quienes efectuaban enlaces en directo desde distintas provincias para mostrar la supuesta alegría de los votantes y la adhesión a la opción del Sí.
Ya entrada la tarde-noche se entregaron los primeros resultados, que aparentemente daban como ganador al oficialismo. Cabe resaltar que se instaló un punto de prensa en la sala 3 del edificio Diego Portales (ex UNCTAD III), donde un sofisticado computador para la época centralizaba el recuento de votos. A las 21:00 horas, a través del noticiero 60 minutos, conducido por Raquel Argandoña, Raúl Matas y Pepe Abad, se reconocía el triunfo del Sí con 4.204.897 sufragios (67,04%), frente al No, que obtenía 1.983.420 votos (30,19%). Con estos resultados se confirmaba la continuidad de Augusto Pinochet en el cargo hasta el 11 de marzo de 1989, en virtud de la nueva Constitución Política de Chile.
La alegría de los adherentes al oficialismo se hizo sentir en las afueras del edificio Diego Portales. Hasta ese lugar llegaron cientos de personas para saludar al dictador, quien se dirigió brevemente a los presentes con la frase: “Muchas gracias, país”, para luego finalizar con una expresión escueta y autoritaria: “Basta por hoy, mañana hay que trabajar”.
En la población San Joaquín, algunos vecinos adherentes a la dictadura salieron a festejar en las calles; otros hicieron sonar el himno nacional y colocaron banderas en los balcones de sus departamentos, aunque estos eran los menos. No debemos olvidar que la gran mayoría de los habitantes de la población correspondía a trabajadores dependientes, mientras que solo una minoría pertenecía a las Fuerzas Armadas o de orden, lo que explica por qué el respaldo visible al Sí fue reducido dentro de la comunidad.
Este contexto refleja el clima de tensión, control informativo y profunda división social que caracterizó el proceso plebiscitario, donde los medios oficiales intentaron instalar una imagen de normalidad y respaldo mayoritario al régimen, en contraste con la creciente organización social y política que comenzaba a cuestionar abiertamente la continuidad de la dictadura.
Checho
Leopoldo Sarmiento
Carlos Bustamante
Fotos personales
Fotos de la WEB
