Salvador Allende, en su programa de política económica, había
estatizado un sinnúmero de empresas nacionales, siendo la más importante
CODELCO el 11 de julio de 1971. Esta nueva realidad permitió una considerable
producción a niveles récord, y por tanto un mayor ingreso per cápita para los
chilenos, además de fortalecer la soberanía económica del país sobre sus
recursos naturales estratégicos. La nacionalización del cobre fue considerada
un hito histórico que contó con amplio respaldo ciudadano y parlamentario,
transformándose en uno de los pilares fundamentales del proyecto económico de
la Unidad Popular.
En cambio,
sectores de oposición al gobierno de la Unidad Popular, apoyados por la
intervención de Estados Unidos, comenzaron una campaña de boicot contra la
producción chilena, acaparando alimentos básicos y productos de primera
necesidad para la población. A ello se sumaron presiones internacionales,
restricciones crediticias y acciones destinadas a desestabilizar la economía
interna, generando un clima de tensión social, inflación y dificultades en el
abastecimiento cotidiano.
En 1971,
Pedro Vuskovic, ministro de Economía, usando resquicios legales de la Dirección
de Industria y Comercio, impulsará una nueva forma de distribución de los
alimentos como respuesta frente al desabastecimiento que estaba produciendo
desconcierto en el pueblo. Este modelo consistía en que, a través del comercio
detallista principalmente almacenes de barrio mejoraría la entrega y
distribución de los alimentos, permitiendo una organización más directa entre
el Estado, los comerciantes y los consumidores. Ante esta situación nacerán las
Juntas de Abastecimientos y Control de Precios (JAP), inspiradas en
experiencias de organización popular de otros países latinoamericanos.
Las JAP
fueron creadas en 1972 por la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO),
mediante la resolución N.º 112 publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de
ese año. Cabe resaltar que estas unidades administrativas locales cumplían la
misión de abastecer productos de consumo masivo en forma eficiente y equitativa
frente al acaparamiento realizado por algunos empresarios, además de fiscalizar
precios y promover la participación organizada de los vecinos en la
distribución de bienes esenciales. Su funcionamiento se apoyaba en comités
territoriales, registros de familias y coordinación directa con proveedores
estatales y privados.
En la
población San Joaquín, su aplicación comenzó el 8 de marzo de 1972 a través de
la Junta de Vecinos, donde se inscribió a los dueños de almacenes para
posteriormente fijar precios acordes al mercado y evitar la especulación,
siendo estos valores otorgados por la Dirección de Industria y Comercio
(DIRINCO). Además, la Junta solicitó una cuota voluntaria en apoyo de la Unidad
Vecinal, lo que reflejaba un fuerte sentido de organización comunitaria y
solidaridad entre los pobladores frente a las dificultades económicas del
período.
Uno de los
precios más significativos era el de la carne y el pollo; los propios
dirigentes pidieron la cooperación de los vecinos para denunciar a comerciantes
inescrupulosos del barrio que vendían mercadería a un valor mayor al
establecido. Entre los alimentos escasos en la población se encontraban aceite,
harina, detergentes, manteca, leche, azúcar, té, queso, arroz, mantequilla,
lanas y géneros, entre otros productos indispensables para la vida cotidiana.
Hay un hecho
que marcó a los pobladores de San Joaquín: dentro de la canasta familiar que
contenía estos productos se agregó el famoso “chancho chino”, un producto en
conserva cuyo contenido era carne similar al cerdo, enviado desde la República
Popular China como ayuda solidaria ante la crisis que vivía Chile. Este
alimento, recordado por generaciones, simbolizó tanto las dificultades del
período como las redes internacionales de apoyo político y humanitario hacia el
gobierno de la Unidad Popular.
Con el paso
del tiempo, la experiencia de las JAP quedó grabada en la memoria colectiva de
muchas comunidades populares, siendo recordada como una forma de organización
social que buscó enfrentar el desabastecimiento mediante la participación
directa de los vecinos. Más allá de las controversias políticas de la época,
estas iniciativas reflejaron la importancia de la solidaridad, la acción
comunitaria y el rol del Estado en la protección del bienestar social en
momentos de profunda crisis nacional.
Cabe resaltar que el Sr. Enrique Cárcamo y Moisés Alderete, ambos dirigentes de la J.V. fueron los encargados de organizar a la población. Ellos no eran funcionarios del Estado, sino facilitadores que trabajaban ad honorem, otorgándoles atribuciones para resolver algún problema o designar a vecinos, como el Sr. Jorge Aravena, de militancia socialista, quien cooperó en forma mancomunada con esta nueva particularidad de distribución.
Dirigentes y vecinos se encargaron de encuestar a los pobladores, entregándoles un carné por familia en el cual iban anotados el nombre, dirección, cédula de identidad y la fotografía del representante familiar. Sin embargo, muchas personas reclamaron y se opusieron a la encuesta, aludiendo que solo favorecía a los adeptos de la Unidad Popular o a militantes de partidos políticos.
A medida que iban pasando los meses, el programa se fue fortaleciendo cada día más, aplicándose en la práctica el Poder Popular. Esta realidad era inaceptable para los opositores al Gobierno de la U.P. por tanto, buscaron mil formas para desestabilizar la JAP, acrecentando la carestía y fomentando el mercado negro, situación que llevó a la población de San Joaquín a realizar las famosas “colas”.
Los vecinos eran avisados cuando llegaba la mercancía; algunos madrugaban para obtener un buen lugar y alcanzar su cuota de alimentos, pero con la nueva modalidad de entregar tarjeta a toda la familia, muchos de ellos obtenían más beneficios que otros de forma desigual, produciéndose serias discusiones en la fila e incluso conatos de conflicto.
La panadería ubicada en 2 de Abril no daba abasto por la falta de harina; muchos habitantes debían ir caminando a la panadería situada en la calle Antofagasta para conseguir un kilo de pan.
Se comenzó a correr la voz de que había desabastecimiento de productos básicos en todo el país, lo que dio origen, de forma más masiva, al mercado negro. Algunos comerciantes de la población utilizaron estas malas prácticas, pero fueron denunciados ante la DIRINCO por la propia Junta de Vecinos.
Frente a esta especulación surgió un descontento insostenible. Así, un grupo de mujeres del barrio alto hizo un llamado a marchar con las cacerolas vacías en señal de protesta el día 2 de diciembre de 1971, siendo escoltadas por jóvenes de la ultraderecha Patria y Libertad, quienes llegaron con cascos, nunchakus y sus camisas azules, gritando consignas en contra del presidente y golpeando a todo aquel que interviniera en su camino.
Esta maniobra de desestabilización organizada por la I.T.T. y financiada por E.E.U.U. quedó desenmascarada al día siguiente del golpe de Estado, ya que de forma casi milagrosa, comenzaron a abastecerse supermercados y algunos locales comerciales del barrio con alimentos que habían faltado por muchos meses en los hogares de la población de San Joaquín. Esta repentina abundancia evidenció para muchos pobladores la existencia de un acaparamiento previo y de una estrategia destinada a generar malestar social, desconfianza en las instituciones populares y un clima propicio para la ruptura democrática.
Finalmente, el 15 de septiembre de 1973, a través de un comunicado dado a conocer por el Ministerio de Economía, se especificó que habían sido disueltas la Secretaría General de Distribución y la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP), organismos que hasta entonces habían cumplido un rol fundamental en la organización comunitaria del abastecimiento y en la defensa del acceso equitativo a los productos básicos. Con su desaparición se cerró también una experiencia de participación popular que había articulado a vecinos, dirigentes sociales y organizaciones territoriales en torno a la distribución solidaria de alimentos.
Al año siguiente, la dictadura militar aplicó un sistema de almacenes reguladores dependiente de la Dirección de Industria y Comercio, modelo utilizado con anterioridad por el gobierno del general Ibáñez del Campo. Este consistió en poner en funcionamiento cincuenta almacenes móviles destinados a paliar las dificultades de abastecimiento en las poblaciones. Para ello, buses de la ETCE fuera de servicio fueron adaptados con despensas en su interior, mesones y ventanillas correderas, por las cuales las personas podían observar la mercadería y posteriormente adquirirla. Estos dispositivos recorrían distintos sectores populares, generando largas filas y transformándose en un nuevo punto de encuentro vecinal, aunque bajo un contexto político completamente distinto y sin la participación comunitaria que había caracterizado a las JAP.
En las poblaciones, el sistema funcionaba a través de las Juntas de Vecinos, que mediante una solicitud formal y la nómina de sus dirigentes postulaban a este beneficio. Posteriormente, la unidad vecinal informaba a los pobladores las fechas de visita, las que generalmente se realizaban dos veces por semana. Cabe resaltar que desde las bodegas de los almacenes reguladores salían diariamente toneladas de productos de primera necesidad. En una jornada normal se movilizaban, por ejemplo, treinta y dos tambores de aceite que regresaban vacíos, además de azúcar, harinas, conservas y otros alimentos que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos, profundizando la crisis de desabastecimiento en Chile.
Este nuevo sistema de distribución, aunque permitió mitigar parcialmente la escasez en algunos sectores, también marcó el tránsito desde una organización basada en la participación popular hacia un modelo centralizado y controlado por la autoridad militar. De esta manera, el abastecimiento dejó de ser un espacio de construcción comunitaria y pasó a integrarse a la lógica administrativa del régimen, reflejando los profundos cambios políticos, sociales y económicos que vivía el país en aquellos años.
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iRosita Flores C.
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Revista zig-zag
