En la década de 1950 y hasta los años 1960, la forma de adquirir
una vivienda se realizaba principalmente mediante la compra de sitios a largo
plazo, a través de loteos de terrenos vendidos a particulares o, en muchos
casos, recurriendo a la toma de terrenos pertenecientes al Estado, de propiedad
privada o sin un dueño conocido. Esta realidad reflejaba el profundo déficit
habitacional que vivía el país y la urgencia de miles de familias trabajadoras
por acceder a un espacio propio donde establecerse.
No obstante,
también existía la posibilidad de acceder a viviendas económicas construidas
por el Estado para sectores con cierta capacidad de ahorro, como ocurrió con la
población San Joaquín, que surgió al alero de las nuevas políticas
habitacionales impulsadas por la CORVI durante el período desarrollista.
En la década
de 1950 se realizó un estudio que arrojó que numerosos pobladores no poseían
títulos de dominio sobre los terrenos que habitaban. A esta situación se le
denominó “loteos brujos”, práctica que dio origen a grandes estafas, provocando
que muchas familias perdieran los ahorros reunidos durante años de trabajo.
La ausencia
de título de dominio también implicaba la falta de facultades legales para
acogerse a los beneficios contemplados por la legislación de viviendas
económicas del Estado, tales como la instalación de alumbrado público,
pavimentación de calles, construcción de veredas, ubicación de grifos y otras
obras básicas de urbanización indispensables para la vida comunitaria.
Sin embargo,
en la población San Joaquín los títulos de dominio fueron finalmente entregados
a los pobladores el domingo 13
de octubre de 1968, en un acto público que contó con la presencia del
alcalde Tito Palestro, parlamentarios, representantes de la CORHABIT,
dirigentes sociales entre ellos Adrián Vega, Jorge Recabarren, Francisco
Quezada, Miguel Valenzuela, Berta Rimberg, Guillermo Muñoz y Rolando Trujill
además de numerosos vecinos y vecinas.
Cabe destacar
la gestión del entonces exministro de Vivienda, Juan Hamilton, quien permitió
que los títulos de dominio fueran otorgados de manera gratuita. Por su parte,
la Junta Central de Vecinos acordó en asamblea un aporte simbólico de Eº 10
escudos para cubrir gastos administrativos. Para cerrar la jornada, los Centros
de Madres organizaron un cokctel destinado a las autoridades y pobladores
presentes, reflejando el carácter comunitario de la celebración.
A raíz de la
obtención de los títulos de dominio, el 18 de julio de 1966 se emitió el Oficio N.º 13.961 mediante
el cual la CORVI comunicó la venta de los sitios eriazos colindantes con las
viviendas de la calle 1 Oriente y la línea férrea. En esa misma fecha comenzó
la ampliación de los terrenos del cuarto sector, iniciándose gestiones con el
director de Obras de la Municipalidad de San Miguel, Carlos Villanueva, quien
entregó las solicitudes para acogerse a los beneficios de la Ley N.º 16.742
sobre ampliaciones de viviendas.
Los planos de
estas ampliaciones fueron realizados solidariamente por los vecinos René y Luis
Soto, pertenecientes al cuarto sector, quienes ofrecieron su trabajo por la
suma simbólica de Eº 20 escudos, ejemplo del espíritu de colaboración existente
en la comunidad.
Entre los
beneficios obtenidos posteriormente destacaron la instalación de luminarias
públicas y la pavimentación de calles y veredas. Sin embargo, en los primeros
meses los pobladores debieron enfrentar la falta de electricidad domiciliaria.
Aunque los postes estaban instalados, no existía conexión directa a las
viviendas, por lo que muchas familias debían obtener energía desde tableros
comunitarios o “colgarse” del tendido eléctrico proveniente de las calles La
Feria y Tartini.
Situación
similar ocurría con el agua potable: las conexiones estaban incorporadas, pero
la red aún no se encontraba habilitada. Muchos vecinos recurrieron entonces a
los edificios cercanos, donde se habían instalado copas de agua que permitían
el abastecimiento comunitario. Estas estructuras permanecieron en
funcionamiento hasta el terremoto de 1985, cuando el movimiento sísmico provocó
su caída definitiva.
En julio de
1966 comenzaron las gestiones de la Junta Central de Vecinos para dotar a la
población de alumbrado a gas de mercurio. En enero de 1968 se entregaron los
primeros depósitos a la Municipalidad de San Miguel: el comité de la calle
Bucalemu reunió Eº 1.135 escudos y el comité Pro-Adelanto Miguel Campo aportó
Eº 1.000 escudos.
El jefe de presupuesto comunal, Renato San Martín, ingresó estos fondos a la
tesorería municipal y entregó el presupuesto final para la adquisición de doce
focos de iluminación. El proceso fue lento, pues Chilectra exigía la
cancelación total del sistema antes de su instalación. Ante la demora, los
vecinos decidieron suspender los pagos hasta concretar el empalme del
alumbrado, logrando finalmente que la iluminación se instalara progresivamente
por sectores.
La población
San Joaquín inició su construcción el 26 de enero de 1959, quedando a cargo del
arquitecto Diego Donoso el 10 de febrero del mismo año. En el primer sector se
levantaron 84 viviendas bajo las nuevas políticas habitacionales de la CORVI,
destinadas a familias con capacidad de ahorro y pago de dividendos a 30 años.
No obstante, parte de las viviendas pertenecieron al Servicio de Seguro Social
y otras fueron asignadas a la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile,
especialmente en la calle Juan Ortiz (del Nº 3801 al 3891). Asimismo, algunos
tramos de 1 Oriente y 2 Oriente fueron entregados en comodato al Ejército de
Chile, siendo posteriormente adquiridos por familias vinculadas a las Fuerzas
Armadas.
Actualmente,
las únicas edificaciones que permanecen bajo la Dirección de Bienestar de
Carabineros corresponden a los departamentos ubicados en la calle Belén, frente
a la Tenencia Carlos Valdovinos.
Otras propiedades obtenidas en comodato fueron la sede de la Junta de Vecinos en 4 Poniente, la ex casa de las Monjitas Misioneras de María de la compañia de la Caridad de San Vicente de Paul en Subercaseaux Nº 3581-3591 (vendida a un particular) la ex casa de la Sociedad de Damas Pío XII en 1 Oriente Nº 2250 y la casa de las Hermanitas de la Caridad en 1 Oriente Nº 3635, todas instituciones que cumplieron un importante rol social y asistencial en los primeros años de la población.
En conjunto,
la historia de la población San Joaquín refleja el esfuerzo organizado de sus
habitantes por acceder a vivienda digna, servicios básicos y reconocimiento
legal, constituyendo un ejemplo del proceso de urbanización popular que marcó
gran parte del desarrollo social chileno en la segunda mitad del siglo XX.
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Miguel Plaza
