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PEM en San Joaquín
En el año 1974 el Producto Interno Bruto en
Chile cayó en un 29%. En este contexto, la dictadura militar, en conjunto con
el ministro de ese entonces, José Piñera Echenique, creó un programa de
subempleo institucionalizado denominado Programa de Empleo Mínimo (PEM),
dirigido principalmente a hombres jefes de hogar ante una cesantía que superaba
el 20% de la población chilena, sumándose además una inflación muy alta,
estancamiento productivo, quiebra de bancos, aumento de la deuda externa y una
crisis económica de carácter mundial.
El sueldo mínimo en 1974 era de Eº 77.500
escudos, y al año siguiente aumentó a Eº 95.000. Cabe resaltar que en aquellos
años el kilo de azúcar costaba Eº 2.100 y el kilo de arroz Eº 2.400 escudos,
según la Dirección de Industria y Comercio, información publicada en el Diario
Oficial del 22 de marzo de 1975. Estas cifras reflejan el profundo deterioro
del poder adquisitivo de las familias trabajadoras.
El programa era administrado por las
municipalidades. La primera en llevarlo a cabo fue la Municipalidad de
Santiago, siendo su alcalde el coronel Hernán Sepúlveda Caño, quien contrató a
590 trabajadores formando seis grupos que se desempeñaron en el hermoseamiento
y forestación del Parque O’Higgins. Otros grupos fueron destinados a la
construcción de veredas, limpieza de acequias, aseo y ornato. En esos años la
alcaldía de Santiago llegó a contratar a cerca de 90.000 hombres de su comuna,
con contratos de 90 días y un salario de Eº 15.000 escudos, trabajando en
jornadas parciales, generalmente en horario de mañana, de lunes a viernes.
Los trabajadores desocupados eran contactados
a través de las juntas de vecinos de cada población, las cuales debían
certificar la residencia en el sector, restringiéndose fuertemente el ingreso
al programa a quienes no pertenecían al territorio. El trabajo consistía
principalmente en arreglos de plazas y veredas en distintos puntos de la
comuna. Resultaba penoso ver a trabajadores de la construcción barriendo calles
o a profesionales universitarios desempeñándose como capataces de estas
cuadrillas.
El medio de transporte utilizado eran, por lo
general, camiones que trasladaban a los vecinos junto a sus herramientas:
palas, chuzos, escobillones gruesos o escobas de rama de curahuilla. Con el fin
de evitar que el poblador se sintiera menoscabado dentro de su propio entorno,
muchas veces era trasladado a otra comuna, sin contar con beneficios mínimos
como baños o lugares de resguardo frente a las inclemencias del tiempo.
En la población San Joaquín existieron al
menos dos cuadrillas compuestas por diez vecinos cada una, las que arreglaron
la mayoría de las plazas. En lista de espera permanecían cerca de ochenta
pobladores, priorizándose a padres de familia con hijos estudiando. La Junta de
Vecinos se encargaba de seleccionar a los cesantes; entre los requisitos
estaban ser residente, estar casado y tener hijos, permitiéndose solo una
postulación por vivienda. Esto generó tensiones, reclamos e incluso acusaciones
de favoritismo hacia los dirigentes, reflejando la magnitud de la cesantía que
afectaba a la población.
Como respuesta al desempleo, el gobierno
mantuvo también un programa denominado Operación Invierno, que
intervenía doce comunas de Santiago mediante obreros contratados por la
Corporación de Obras Urbanas, encargados de supervisar tareas municipales como
limpieza de desagües, retiro de escombros y aseo de alcantarillas. La comuna de
San Miguel fue una de las beneficiadas con la contratación de 771 trabajadores
con sueldo mínimo, pero sin previsión de salud ni cotizaciones, precarizando
aún más la condición laboral.
Durante la década de 1980, ante una nueva
crisis económica mundial, la dictadura mantuvo este tipo de programas,
cambiando su nombre a Plan Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).
Aunque aumentó la cantidad de personas contratadas, la productividad real
seguía siendo baja, pues muchas labores consistían en trasladar piedras de un
lugar a otro, limpiar reiteradamente los mismos espacios o podar nuevamente los
mismos árboles, configurando un trabajo circular y simbólico más que una
solución estructural al desempleo.
En este período surgió también la Federación
de Sindicatos Independientes, debido a que los trabajadores de estos
programas no tenían derecho efectivo a sindicalización. Sus condiciones eran
extremadamente precarias: mala alimentación, ingresos equivalentes a un tercio
del salario mínimo y ausencia de derechos laborales básicos. A ello se sumó la
incorporación masiva de mujeres —alrededor de un 53%— al trabajo remunerado,
buscando complementar los escasos ingresos familiares.
Hacia 1986, el desempleo en Santiago alcanzaba
cifras dramáticas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, 92.282 personas
subsistían con $3.000 mensuales y otras 149.726 con $5.000. En total, los
programas de absorción de cesantía llegaron a abarcar a casi un cuarto de
millón de personas solo en la capital.
En diciembre de ese año, el gobierno decidió
poner término al empleo de 1.140 trabajadores por considerarlo ineficiente y
poco rentable, medida ordenada por el Ministerio del Interior y oficializada
por la Intendencia de Santiago. La decisión se aplicó inicialmente en la
Municipalidad de La Granja, afectando a trabajadores que reparaban calles como
Camino al Observatorio y la ampliación de Avenida Santa Rosa.
Ante la pérdida de su única fuente laboral,
los trabajadores decidieron organizarse. Como acto de protesta, una veintena de
ellos llegó alrededor de las 9:30 de la mañana al paradero 31 de Santa Rosa y
procedió a incendiar casetas con materiales y herramientas ubicadas cerca de
antiguas construcciones de la Universidad de Chile. El alcalde Mario Messen
solicitó la intervención de Carabineros, que reprimió la manifestación con
fuerzas especiales y desvió el tránsito del sector, manteniendo además vigilancia
en las inmediaciones del municipio.
Más de un centenar de trabajadores observó en
silencio cómo el fuego consumía las dependencias, señalando: “Es una manera
de pagarnos” y “Ni siquiera nos informaron que el programa terminaba”.
Acciones similares se replicaron en distintos puntos de Santiago.
Las principales demandas de los trabajadores
del POJH incluían mejoras salariales, subsidio de locomoción en microbuses en
lugar de camiones, prenatal con un 70% del ingreso para embarazadas, entrega de
delantales, zapatos y overoles, ayuda escolar, golosinas y juguetes de Navidad
para sus hijos, y garantías de no represalias contra quienes participaran en
las movilizaciones.
El PEM y el POJH dejaron una huella profunda
en poblaciones como San Joaquín, no solo por la precariedad laboral que
representaron, sino también porque evidenciaron las estrategias de
sobrevivencia comunitaria, la organización vecinal y la esperanza de quienes,
aun en condiciones adversas, buscaron sostener a sus familias y mantener la
vida cotidiana en medio de una de las crisis sociales más duras del país.
La dictadura militar, a través del Intendente de la Región
Metropolitana, brigadier general Roberto Guillar, aludió que se trataba de
“violentistas que causan el caos con ayuda concertada del Partido Comunista”,
señalando además que estos no podían manifestar el derecho a huelga ni
presentar un pliego de peticiones, puesto que no percibían un sueldo sino un
subsidio. Por lo tanto, debían regirse estrictamente por la legislación vigente
y, a contar de ese día, quedaban despedidos, cancelándoseles únicamente la
quincena correspondiente y ningún otro beneficio.
Estas
declaraciones reflejaban con crudeza la política represiva y antisindical
instaurada por la dictadura, orientada a desarticular cualquier forma de
organización popular y a debilitar la capacidad de negociación de los
trabajadores. La criminalización de la protesta social y la negación de
derechos laborales básicos formaron parte de un proceso más amplio de
transformación económica y social impuesto por la fuerza.
Al finalizar
la crisis, lentamente comenzaron a abrirse algunos espacios laborales para los
cesantes, otorgando una limitada sensación de estabilidad y un mínimo de
dignidad al obrero chileno. Sin embargo, este proceso estuvo acompañado por la
consolidación de un nuevo modelo de relaciones laborales que, con el tiempo, se
profundizaría y normalizaría: la subcontratación. Este sistema fragmentó la
fuerza de trabajo, precarizó las condiciones laborales y debilitó la
organización sindical, efectos que, en gran medida, se proyectan hasta la
actualidad.
De este modo, las medidas adoptadas durante ese período no solo respondieron a una coyuntura específica de conflictividad social, sino que sentaron las bases de una estructura laboral marcada por la desigualdad, la inestabilidad y la pérdida de derechos históricos conquistados por el movimiento obrero chileno.
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